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Generadores privados que quedaron sin contratos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrán volver a venderle su energía a la empresa pública, amparados en una decisión dada a conocer este viernes por Casa Presidencial.
Se trata del decreto ejecutivo No. 43.700, publicado el 29 de setiembre en el alcance 208 del diario oficial La Gaceta, que autoriza al ICE a suscribir nuevos contratos para comprar electricidad a productores con contratos vencidos, en algunos casos desde 2020.
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“Con esta posibilidad nos preparamos mejor para enfrentar las necesidades energéticas del verano con fuentes limpias y nacionales. Además, se posibilita la compra de energía con tarifas más competitivas que utilizando las fuentes térmicas”, expresó en un comunicado Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE.
Según el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la normativa, además, “permitirá exportar excedentes nacionales al mercado eléctrico regional” después de atender las necesidades energéticas nacionales.
Para Franz Tattenbach Capra, jerarca de esa cartera, la decisión proporciona mayor seguridad y confianza al inversionista privado en materia de energía eléctrica en Costa Rica.
Además, declaró, permitirá dinamizar la economía en las zonas donde se ubican las plantas generadoras privadas que se reactivarán luego de años de estar apagadas.
La decisión fue bien recibida por los generadores privados, que han insistido en que se deben considerar todas las fuentes eléctricas existentes para que el país logre su seguridad energética.
“En particular las plantas con energía limpia y barata que se han desconectado. Consideramos que la publicación del decreto ejecutivo es un paso en la dirección correcta”, expresó Mario Alvarado Mora, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).
Acope había presionado a la administración de Carlos Alvarado para modificar sus condiciones. En junio del 2021, esa administración envió a la Asamblea Legislativa un plan de ley para permitir la exportación a Centroamérica de excedentes de energía eléctrica de generadores privados sin contrato, pero tal iniciativa nunca prosperó.
“El verano es un período desafiante para nuestro sistema eléctrico, y apreciamos el interés de las autoridades para contar con la contribución del sector privado. Pero no se debe desperdiciar ningún kilovatio hora renovable, en ninguna época del año. Por lo que es importante habilitar, a la brevedad posible, las opciones de colocar electricidad con las distribuidoras eléctricas o en el mercado regional”, agregó Alvarado.
Plantas apagadas
Durante el segundo semestre del 2020, el ICE decidió no comprar más energía a varios empresarios privados, lo que obligó al apagado de nueve plantas basadas en fuentes de generación limpia y barata, las cuales representan inversiones de $47 millones y 60 Megavatios de potencia de generación instalada, entre ocho hidroeléctricas y una planta eólica.
Sin el cambio anunciado este viernes, otras cinco plantas iban a correr la misma suerte entre este año y el 2025.
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La Ley No. 7.200 que autoriza a privados la producción de energía es restrictiva pues solo le pueden vender electricidad al ICE y este tiene control sobre los contratos de compra. Aquella decisión del Instituto obligó a los empresarios a quedarse sin comprador.
