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La Fiscalía Adjunta de Fraudes confirmó la indagación contra al menos cinco personas por supuestas anomalías en los procesos de compras urgentes de medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A los imputados se les señala como presuntos responsables de los delitos de negociaciones incompatibles y peculado en perjuicio del Estado, en adquisiciones realizadas entre el 2010 y 2011.
Esta última falta es regulada por el artículo 354 del Código Penal y castiga con prisión de tres a 12 años al “funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.
La negociación incompatible, por su parte, es el delito que castiga con uno a cuatro años de prisión al funcionario que participe en una negociación para obtener un beneficio patrimonial propio o para un tercero.
Las compras urgentes son investigadas por el Ministerio Público desde que este diario reveló, hace casi un año, que un gestor de medicamentos realizó adquisiciones para la Caja en favor de un proveedor foráneo ligado, por medio de una empresa subsidiaria, a la madre del funcionario.
Las compras urgentes son mecanismos que le permiten a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hacerse de medicinas de manera expedita y sin tomar en cuenta varios requisitos.
Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Fraudes, no reveló los nombres de los imputados para no entorpecer la investigación.
La Fiscalía está a la espera de un informe de la Policía Judicial y de “un análisis técnico de algunas informaciones financieras” para continuar las indagaciones.
Más casos. Lo señalado por Henderson se dio solo 24 horas después que la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que se confirman las fallas en las compras urgentes que se realizan en la Gerencia de Logística.
Entre ellas, están desde la falta de sanciones a funcionarios, hasta prórrogas improcedentes a proveedores que debían dar fármacos de manera urgente, ausencia de planificación y pago de sobreprecios, entre otros temas.
En los últimos meses, la Contraloría analizó poco más de 100 expedientes de compras urgentes y esta misma semana envió 11 de ellos al Ministerio Público.
Por impedimento legal, el ente contralor no puede señalar responsables de las aparentes anomalías, pero la entidad señaló que los expedientes dados a la Fiscalía están relacionados con fallas en el proceso de contratación administrativa.
El informe ya es conocido por las autoridades de la Caja, a quienes se les concedió un plazo hasta el 12 de diciembre entrante para que concluya las investigaciones administrativas contra los funcionarios que en su momento fueron separados de los cargos, pero que aún trabajan para la institución.
Entre ellos, están el exgerente de Logística y ahora director de Pensiones, Ubaldo Carrillo; Hans Vindas, gestor de medicamentos; Ileana Badilla, jefa del Área de Adquisiciones; y Eithel Corea, director de Aprovisionamiento.
La Caja manifestó ayer que todas las fallas en el proceso de compras fueron subsanadas.
La CGR hizo el análisis a petición de la comisión investigadora de la Caja que conformó la Asamblea Legislativa desde el 2011.
