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El Ministerio Público acusó a la coordinadora de la oficina local del PANI de Heredia norte, Lorelly Trejos, del delito de incumplimiento de deberes.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción elevó el caso ante un juzgado, al alegar que la funcionaria se negó a intervenir en un allanamiento en el cual se vieron afectados cuatro niños.
Los hechos denunciados ocurrieron el 26 de febrero del 2010, luego de un incidente de violencia doméstica en el cual una mujer terminó hospitalizada tras una supuesta golpiza de su esposo.
Las autoridades programaron un allanamiento para detener al sospechoso, quien se encontraba en casa con sus cuatro hijastros. Por ello, se solicitó el apoyo de la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Sin embargo, según indicó la oficina de prensa de la Fiscalía, la funcionaria Lorelly Trejos, a cargo la oficina del Patronato de Heredia norte, se rehusó a dar el servicio pues indicó que era demasiado tarde y, por tanto, le correspondía intervenir a la oficina de San José.
“La última llamada fue a las 4:45 p. m., sin embargo, de previo hubo muchas llamadas e incluso una comunicación por escrito”, señaló la vocera de prensa de la Fiscalía, Tatiana Vargas.
“Luego de ingresar las autoridades a la vivienda, los niños tuvieron que ser trasladados en un vehículo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sin condiciones necesarias, hasta la Fiscalía, porque no sabían dónde ubicarlos”, agregó.
Dos horas después, la oficina del PANI de San José asumió a los menores de 10 años, 8 años, 2 años y, el más pequeño, de 8 meses.
La audiencia preliminar en este caso se efectuó el 7 de setiembre en el Juzgado Penal de Hacienda. En esta, la defensa y la Procuraduría General de la República llegaron a una conciliación.
Trejos se comprometió a realizar 100 horas de trabajo comunal en el Centro de Nutrición y Desarrollo Infantil (Cen-Cinai) de Río Segundo, en Alajuela, y una donación de ¢1 millón a la asociación a cargo del mismo centro.
La Fiscalía se opuso a la conciliación y planteó un recurso de apelación que está por resolverse. Para ellos, la salida aplicable es la suspensión del proceso a prueba, que implica la aceptación de cargos por parte de la implicada.
Trejos, quien aspiró a una diputación por el partido Liberación Nacional (PLN) en las elecciones del 2010, dijo que no se referiría al caso en tanto no quedara en firme la conciliación.
El Procurador de la Ética, Miguel Cortés, aseguró que el plan de reparación propuesto por la defensa satisfacía al Estado.
“Lo que estaba ofreciendo la defensa se ajustaba a las pretensiones que la Procuraduría tenía”, dijo.
De quedar firme la conciliación, a Trejos se le dictaría un sobreseimiento el 15 de marzo de 2013 .
