
Diez empresas costarricenses aspiran a obtener el “Sello de equidad de género” que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) otorga a aquellas firmas que promuevan la igualdad de oportunidades para las féminas.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal se convirtió ayer en la primera empresa pública y la segunda del país en recibir la certificación del Inamu, precedida únicamente por Coca-Cola, que fue la firma privada que consiguió el primer galardón, en el 2007.
Otra entidad que pretende obtener la distinción es Scotiabank. El Inamu no detalló las demás.
Para optar por la certificación, el Popular implementó una serie de modificaciones internas, incluida la creación de un protocolo especial para atender casos de acoso laboral y violencia de género. También hizo cambios en el Departamento de Recursos Humanos, para promover la equidad en los procesos de selección, contratación y ascensos.
En una conferencia de prensa ayer, el gerente general del Banco Popular, Gerardo Porras, indicó que el esfuerzo que demandó la mayor inversión fue la formación del recurso humano.
“El proceso que requirió un esfuerzo importante fue lograr sensibilizar a todo el personal en temas de género para ir eliminando el estereotipo creado por la sociedad”, aseguró Porras.
“Lo importante no es solo que el Banco se certifique hoy y que todos estemos de acuerdo, sino la sostenibilidad, porque en el futuro el proceso también implica una auditoría para ver en qué medida la empresa sigue cumpliendo con las normas de equidad”, aseveró Clarke. Aunque requiere de una inversión, el sello da un valor agregado a la empresa, según Mabelle Figueroa, coordinadora del área de políticas públicas del Inamu.
“El sello que se imprime en el producto aumenta la competitividad de la empresa, sobre todo las transnacionales. Ese sello garantiza que el producto o servicio se genera en ambientes laborales respetuosos con los derechos de las mujeres”, indicó Figueroa.
Asimismo, Figueroa aseguró que la certificación es una herramienta para promover la equidad en temas que han afrontado tropiezos a nivel legislativo, como sucedió con la pretendida licencia por paternidad que el Congreso rechazó en octubre pasado.