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Luego de colisionar en Quebrada del Fierro de Puntarenas, un comerciante intentó llamar a emergencias desde su celular, pero no tenía señal, a pesar de que ahí debía existir comunicación. Su demanda le costó una condena judicial al ICE.
La Sala Primera obligó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a pagar ¢1 millón por daño moral a dos afectados, en ese accidente del 8 de setiembre del 2010.
Aquella noche, cerca de las 10 p. m., el camión en el que viajaban Fernando Reyes, Marcos Muñoz y un tercero tuvo una falla mecánica, por lo cual Reyes perdió el control del volante. Al instante, el vehículo se salió de la carretera, cayó a un guindo y chocó contra un árbol.
Reyes relató ayer que al abrir la puerta, intentó llamar a emergencias, pero la falta de señal celular los forzó a esperar, heridos, durante más de dos horas a que otro conductor apareciera en la vía y los llevara a pedir ayuda.
El daño moral que generó en ellos la imposibilidad e impotencia para pedir ayuda médica – aunado al alegato de que nadie les informó sobre la ausencia de señal móvil en el sitio– llevó al tribunal a condenar al ICE.
El ¢1 millón que se ordenó cancelar no era la suma que exigían los demandantes. Su abogado Álvaro Moreno estimó que cada víctima debía recibir ¢5 millones.
El jurista solicitó, además, el pago de ¢4,1 millones por daños materiales. Según dijo, en el momento de la colisión, el camión contenía 1.000 kilos de camarón que fueron robados, mientras llegaba la ayuda. Empero, eso no fue reconocido en el fallo.
El ICE informó ayer de que ya canceló el monto fijado por el tribunal. La entidad agregó que aceleró la optimización y robustez de la red para mejorar los servicios móviles en la zona.
“A lo largo del proceso quedó claro para el ICE que se estaba registrando un precedente importante y que en adelante sería aplicable a situaciones similares que puedan ser planteadas ante cualquier operador”, comunicó.
¿Fue justo? Para Fernando Reyes, el monto que le pagó el Instituto es “una cochinada”. Con el ¢1 millón, aseguró, no recuperó ni el 10% de lo que le costaron el abogado y los mariscos perdidos.
Tampoco cubrió la vergüenza que pasó al presentar la primera demanda “famosa” en Costa Rica por las fallas de la señal celular y haber sido un “hazmerreír”.
“Lo que pagaron es una injusticia. Resulta mucho más caro lo que me cobró el abogado que la cochinada que nos están dando: ¢500.000 por cabeza. Solo el camarón me costó ¢5 millones”, dijo.
El distribuidor de mariscos, oriundo de Puntarenas, tiene 58 años, una esposa y tres hijos. Él espera que su caso motive a los usuarios de servicios, como el de telefonía, a conocer y reclamar sus derechos.
Su abogado Moreno dijo a La Nación que aunque el pago del ICE es “ poco”, lo valioso del proceso es que sirve para sentar precedentes y obligar a las firmas de telefonía a cumplir contratos.
“Es curioso, desde que presentamos este proceso, tanto el ICE como las demás operadoras se pellizcaron y empezaron a instalar un montón de torres. Antes vendían contratos cobrando como si dieran cobertura total en todo el país. Un engaño total”, agregó.
Maryleana Méndez, presidenta de la Superintendencia de Telecomunicaciones, declaró ayer que no se referiría al asunto, pues desconoce la sentencia.
