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El Poder Judicial contrató con una firma española una consultoría informática y de rediseño de procesos por $1,8 millones, cuya dirección local está a cargo del esposo de Ana Virginia Calzada Miranda, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del abogado Jorge Obando Sancho, a quien la empresa Indra Sistemas S. A. ofreció como director del proyecto para mejorar la labor del Ministerio Público y la Defensa Pública, pagándole en total $149.000, según consta en el expediente del contrato.
La ley de contratación administrativa prohíbe, en el artículo 22bis, que los cónyuges de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia participen como oferentes del Estado.
La misma restricción la señala la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Consultado por la naturaleza de su labor en el proyecto, Jorge Obando dijo que él es “una especie de mecanismo de enlace para llevar mensajes apaciguadores”.
También negó que exista un conflicto de intereses por su relación con la magistrada, pues ella no se beneficia de la consultoría.
“Si Ana Virginia tuviera relación con el proyecto, efectivamente habría un claro conflicto de intereses. Pero ella no participó de ninguna manera en el proceso de selección de la empresa”, adujo.
Igualmente opinó Sonia Navarro, directora de la unidad ejecutora del proyecto, que en agosto del 2008 recomendó adjudicar el contrato a Indra Sistemas S. A.
“Hay cosas que se ven mal, pero quizá son muy transparentes. Aquí los consultores ofrecidos han estado para el análisis
“Desde el principio se puso allí que yo tenía la posibilidad de un conflicto de intereses, pero la consideración en ese momento fue que no alcanzaba esta norma”, dijo.
No obstante, en el expediente no hay ningún documento que haga constar que dicho tema se analizó.
“Como Ana Virginia no tenía injerencia en esta oficina, eso no se discutió”, indicó Sonia Navarro.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, quien firmó el contrato con Indra el 2 de setiembre del 2008, aseguró la semana pasada que él no sabía sobre la presencia de Jorge Obando en la consultoría.
Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, también afirmó que desconocía que su esposo labora con Indra Sistemas S. A.
“Somos dos profesionales y yo no ando viendo qué clientes tiene él”, argumentó Calzada.
La Contraloría General de la República informó a
La firma española tiene que diseñar un sistema de so
El proyecto debía estar listo en noviembre próximo. Pero Indra se atrasó con la entrega de los productos y los que entregó le fueron rechazados por no cumplir los requisitos exigidos en el contrato.
Por esto, en octubre del 2009 una comisión de seguimiento que vigila el proyecto, presidida por el magistrado Luis Paulino Mora, acordó romper el contrato con Indra y cobrarle las multas pertinentes.
La comisión la integran, además, los magistrados Zarela Villanueva, José Manuel Arroyo, Román Solís y Fernando Cruz.
En su lugar, firmaron un nuevo acuerdo con Indra, concediéndole tiempo hasta enero del 2012 para que cumpla con su trabajo.
La comisión alegó que son pocas las firmas capaces de atender el proyecto y no existía otro oferente.
Además, argumentó que el Poder Judicial no habría podido realizar un nuevo contrato, pues el plazo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el préstamo con el que se pagará la consultoría, está por vencer.
Los magistrados incluso pidieron el visto bueno de la Contraloría para renegociar con la empresa, pero esta institución no se pronunció y le dejó la responsabilidad al Poder Judicial, según consta en el acta número 15-10 de la sesión del Consejo Superior, órgano que ratificó el nuevo acuerdo con Indra.
“No nos echamos para atrás. Yo tengo mucha confianza en esa empresa. Lo que más tomé en cuenta es que perderíamos la posibilidad de hacer el programa y es indispensable”, dijo el magistrado Mora.
Sonia Navarro reconoció que la decisión de rubricar un nuevo contrato también se tomó por la amenaza de que el Poder Judicial perdiera un eventual arbitraje contra la empresa Indra.
“De rescindir el contrato, teníamos que irnos a un proceso judicial donde teníamos 50% de ganar y ellos el otro 50%”, añadió.
A la fecha, el único producto satisfactorio que entregó la empresa es el cronograma de actividades, por el que se le pagó $180.000.
