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La Sala IV ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo cumplir los trámites necesarios para cobrar a las empresas públicas un aporte económico adicional para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Mediante la sentencia 2010-4621, los magistrados exigieron el cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual estableció desde el año 2000 que las empresas del Estado deben entregar al IVM hasta el 15% anual de sus utilidades.
Dicha contribución es para fortalecer el financiamiento del sistema de pensiones y ampliar su cobertura entre los trabajadores no asalariados que viven en condiciones de pobreza.
Sin embargo, al cabo de diez años de promulgada dicha ley, ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ni los gobiernos de turno han aplicado el cobro.
Esa inacción motivó al ciudadano Roberto Mora Salazar a presentar un recurso de amparo durante la administración anterior.
En su resolución, la Sala IV les dio tres meses a los jerarcas actuales de la CCSS y el Ministerio de Trabajo, Ileana Balmaceda Arias y Sandra Piszk Feinzilber, para cumplir con los trámites que faltan para empezar el cobro.
Ellas deben recomendar a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, qué porcentaje cobrar con base en estudios actuariales. Según la ley, el Poder Ejecutivo debe fijar el monto con base en un informe de la Caja.
Entre las empresas que deberán entregar parte de sus utilidades están la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Nacional (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Nacional de Electricidad (ICE).
La Sala IV concluyó que aunque la CCSS y el Ministerio han intercambiado información y criterios sobre el tema, el Poder Ejecutivo sigue sin recibir la recomendación, lo que le impide fijar el porcentaje de contribución adicional.
“La inercia en que han incurrido la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo ha vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza”, dice el voto.
Según un reportaje de
Miguel Pacheco Ramírez, gerente de Pensiones de la CCSS, afirmó ayer que la institución trabaja en este tema desde hace bastante tiempo y le solicitó al Ejecutivo reglamentar el sistema de cobro.
“Lo último que conozco es una resolución del Ministerio de Trabajo que establecía lineamientos y la puso para recibir observaciones de entidades públicas”, comentó Pacheco, quien añadió que presentaron los estudios actuariales.
De hecho, ante la Sala IV, el Ministerio de Trabajo calificó los montos propuestos de arbitrarios.
El gerente de la CCSS sostuvo que el IVM está garantizado de aquí al 2040 y un aporte adicional ayudaría a subir la cobertura entre la población económicamente activa.
En tanto, un estudio actuarial encargado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) afirmó el año pasado que el IVM se volverá deficitario a partir del 2015.
