EscucharBien dice un refrán que "lo que mal comienza, mal termina". Y si no, que lo digan el Poder Ejecutivo, la empresa Millicom y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Pocos imaginaban, hace diez años, que una simple advertencia hecha por la Contraloría General de la República al ICE sería el detonante de una larga cadena de irregularidades, impericias y actuaciones dudosas que colocarían más tarde al país al borde de la parálisis interna y en el filo de la navaja de sanciones internacionales.
El meollo del asunto: un concesión otorgada a la compañía internacional Millicom para hacerse cargo de la prestación del servicio de telefonía celular a contropelo de la alerta señalada en ese entonces por el organismo contralor, el cual resaltó la obligación de contar con el aval de la Asamblea Legislativa antes de proceder por esa vía.
Las consecuencias ulteriores: un fuerte movimiento sindical que amenazó con colapsar los servicios eléctricos y de telecomunicaciones; la amenaza de sanciones comerciales por parte de Estados Unidos, la pérdida de credibilidad internacional por la ruptura de un convenio refrendado por el Gobierno de Costa Rica y una inminente demanda multimillonaria por daños y perjuicios en favor de esa firma.
Muchos dirán ahora que no es tiempo de buscar culpables, sino de propiciar una solución equitativa al conflicto. Empero, si de equidad se trata, un detallado recuento de los hechos parece indicar -sin ambages- que casi ninguno de los actores de este largo drama puede eximirse a la hora de repartir responsabilidades.
Desaguisado legal
Ya desde 1985 la Contraloría General de la República, a propósito del debate que la cúpula del ICE había generado al respecto, había advertido -en el oficio número 12020- a esa institución que la administración del sistema telefónico celular no podía cederse a grupos privados sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa.
Su junta directiva, encabezada entonces por Antonio Cañas, obvió o interpretó erróneamente el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, que expresamente señala el carácter inalienable de los servicios inalámbricos como bien del Estado y la necesidad de intervención del Congreso en esa materia.
Dos años más tarde, el departamento de Control de Radio, del Ministerio de Gobernación, con la venia de la Dirección de Telecomunicaciones del ICE, firma la resolución que autoriza a la empresa Comunicaciones Celulares (COMCEL) el uso de frecuencias para explotar la telefonía celular, aunque la Procuraduría General de la República advirtió que ese derecho correspondía exclusivamente a la institución estatal.
Un acuerdo, firmado meses después por el presidente Oscar Arias y su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez, ratificó esa adjudicación. El derecho, originalmente otorgado a COMCEL, cuyo propietario es Rodrigo Montealegre Mendiola, fue cedido luego, en forma privada, a Millicom Costa Rica S.A.
Aun con tales antecedentes, la intervención de Millicom se fortaleció en 1988 cuando el Gobierno, por intermedio de la Dirección General de Industrias, respondió, ante una consulta de la Embajada estadounidense: "No existen restricciones para que empresas como Millicom se instalen para desarrollar la telefonía celular." Acto seguido, recomendó seguir con los papeleos para asegurar su inversión por un monto inicial de $9,5 millones.
Otras permisos para ampliar operaciones fueron concedidos posteriormente a Millicom por el sector de Telecomunicaciones del ICE, pese al señalamiento del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en el sentido de que no autorizaba el otorgamiento el servicio de discado originado directo, solicitado por la esa empresa pues esa facultad corresponde a la Asamblea Legislativa. Así consta en el oficio 321 de octubre de 1992.
Otros actores
Consolidado ya el funcionamiento de Millicom, a finales de 1988, la inercia se apoderó del Poder Ejecutivo, encabezado por Arias y, más tarde, por su sucesor, Rafael Angel Calderón. Salpica incluso a la administración de José María Figueres, que solo en semanas recientes emprendió una maratónica lucha por pactar un arreglo en este caso.
Si bien cierto fue durante el período 1986-1990 cuando se cuajó la mayoría de irregularidades que permitieron la entrada en operación de Millicom, hay que resaltar que en el cuatrenio posterior no se tomaron acciones para cumplir recomendaciones de la Contraloría y Procuraduría General de la República sobre este asunto.
En este último lapso, el plenario legislativo -en el que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ostentaba mayoría- declinó leer el informe de la Procuraduría del 28 de febrero de 1991. A la sazón presidía el Congreso Juan José Trejos, en tanto que Rolando Laclé dirigía la fracción del PUSC, mientras cumplía simultáneamente su labor como abogado de la transnacional Millicom.
El hoy presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez, también se desempeñó como abogado de esa compañía al tiempo que trabajaba como subjefe de campaña del entonces aspirante presidencial José María Figueres.
Alvarez explicó que asesoró a Millicom cuando estuvo fuera de la función pública y que la participación del Ministerio de Gobernación en este caso se produjo antes que dirigiera esa dependencia, entre setiembre de 1988 y mayo de 1990.
Laclé aseguró al respecto que fue notario de Millicom cuando se constituyó la sociedad, "pero en todo el proceso que se ha llevado ahora lo hace el bufete Raven".
Fue la Sala Constitucional la que puso fin al coctel de anomalías al declarar la ilegalidad de las concesiones de frecuencias a COMCEL "y los negocios jurídicos realizados entre el ICE y Millicom".
Hay quienes opinan, como es el caso del diputado de Fuerza Democrática, Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser, que la citada empresa no tiene posibilidades de reclamar el pago de daños y perjuicios porque no puede alegar desconocimiento de la ley, específicamente en cuanto a lo establecido por la Constitución Política sobre la pertenencia inalienable al Estado de las comunicaciones inalámbricas.
Finalmente, la administración Figueres parece no escapar a esta larga cadena de yerros y omisiones. Aunque el vicepresidente Rodrigo Oreamuno ha insistido en que buscaron una salida concertada al problema desde que asumieron el poder, lo cierto es que fue en los últimas semanas del plazo fijado por la Sala IV para la desconexión de Millicom cuando emprendieron una acelerada carrera en procura de hallar una solución.
Protagonistas
Diversas figuras políticas estuvieron vinculadas, de un modo u otro, al desarrollo del caso Millicom. Los siguientes son algunos de ellos:
Rolando Laclé, exdiputado del PUSC y exministro de la Presidencia.
Abogado y notario de la empresa Millicom mientras ejerció su cargo como legislador. Abandonó esa representación legal cuando asumió el Ministerio de la Presidencia. La Asamblea Legislativa omitió leer un informe de la Procuraduría sobre el caso Millicom cuando él se desempeñaba como jefe de la bancada socialcristiana.
Luis Fishman, exministro de Gobernación y Policía.
Ante una interpelación del organismo contralor, en setiembre de 1991, en relación con las medidas que se iban a tomar sobre el uso de frecuencias por parte de concesionarios particulares, contestó que, previa consulta a la Oficina de Control de Radio, no detectó ninguna anormalidad.Antonio Alvarez Desanti, exsubjefe de campaña de José María Figueres y actual presidente del Congreso.
También fue abogado de Millicom mientras laboró en la campaña presidencial de Figueres. Asegura que no tuvo ningún nexo con esa compañía mientras desempeñó cargos públicos. La concesión para el uso de frecuencias a una empresa particular fue otorgada por el Ministerio de Gobernación un año antes de que él asumiera la jefatura de esa cartera.
Rolando Ramírez, ministro de Gobernación (1986-1988).
Durante su gestión, la Oficina de Control de Radio, de ese Ministerio, autorizó el uso de frecuencias de propiedad estatal a una compañía privada. En diciembre de 1987 firmó, junto con el entonces presidente Oscar Arias, el acuerdo que ratificaba esa adjudicación, pese a las recomendaciones en sentido contrario de la Contraloría General de la República.
