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La controversia por los ¢97.000 millones que perdonó la CCSS en intereses al Ministerio de Hacienda se complicó más ayer cuando el expresidente ejecutivo, Eduardo Doryan Garrón, responsabilizó a dos subalternos suyos de haber dado el aval a esa millonaria condonación.
Doryan, quien estuvo al mando en la Caja de Seguro Social entre el 2006 y el 2010, fue interrogado durante cinco horas por diputados de una comisión especial que investiga la crisis financiera.
Ante los ocho congresistas, negó ser culpable de esa crisis.
En cuanto a la condonación de los ¢97.000 millones por intereses de la deuda estatal, dijo que no actuó por su cuenta, sino con el visto bueno de la Gerencia Financiera y la Dirección Jurídica de la Caja.
Agregó que los convenios de pago de la deuda que firmó con el Ministerio de Hacienda, en especial el del 2007 por ¢185.000 millones, los avalaron y revisaron las dos oficinas.
“Ambos (en referencia a Iván Guardia y Gilbert Alfaro, director financiero y actual gerente financiero, y Gilbert Alfaro, director jurídico) fueron contundentes de que habían revisado el convenio... y eso me dio una gran tranquilidad para poder firmarlo, y mi conciencia me dijo que hice lo que a derecho correspondía”, explicó.
Consultado sobre el tema, Iván Guardia indicó ayer que como director financiero en ese entonces, no tenía “potestad para avalar que no se cobraran intereses”.
Sobre el mismo particular, Gilbert Alfaro señaló que el convenio del 2007 es “eminentemente técnico-financiero, que fue elaborado y negociado por la administración financiera de la entidad, las más altas autoridades de la Caja y del Ministerio de Hacienda)”.
Agregó que fueron “el gerente financiero (de ese entonces, Manuel Ugarte) y don Eduardo” quienes presentaron el convenio a la Junta Directiva.
Hoy, dicho órgano espera tener dos informes sobre los convenios con el Estado, que casualmente deberán entregar Alfaro y Guardia.
Según lo informado ayer en este diario, la Auditoría Interna de la Caja expuso en un informe de hace solo dos semanas que la Gerencia Financiera les señaló que no se había incluido la cancelación de intereses en los convenios.
En relación con Alfaro, hoy el Sindicado de Ciencias Médicas pedirá su separación del cargo mientras se aclara el tema, según un comunicado divulgado ayer.
Los ¢97.000 millones en intereses se acumularon por la deuda por atención médica a indigentes entre 1994 y 2007, cuyos gastos de hospitalización y cobertura en salud deben ser asumidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
De hecho, criticó el informe del año pasado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual señala que se crearon más de 10.000 puestos entre el 2006 y el 2010, pero que, por el contrario, disminuyó la atención a los asegurados.
¿A quiénes señala como responsables de la crisis?, le preguntaron los diputados. Doryan apunto a los tres poderes: el Legislativo, por crear leyes que perjudicaron a la Caja; el Judicial, por los fallos de la Sala IV sobre obligaciones de la Caja; y el Ejecutivo, por no asumir sus deudas desde un inicio.
