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Los diputados tramitan cinco proyectos de ley para perdonar deudas cercanas a los ¢3.900 millones sin contar con el detalle de los posibles beneficiarios.
Dichos planes favorecen, por lo menos, a 2.100 personas entre supuestos agricultores, pescadores, habitantes de casas de interés social y afectados por desastres naturales.
No obstante, en los expedientes que están bajo estudio en distintas comisiones legislativas no existen listas específicas de los eventuales beneficiados, tal y como verificó La Nación.
A todos ellos se les cobija bajo nombres genéricos de fideicomisos, programas o proyectos de vivienda.
Pese a las omisiones, Francisco Antonio Pacheco, presidente del Congreso, confía en que no habrá necesidad de recordarle a los diputados la rigurosidad con que deben analizar las iniciativas.
Pacheco dijo esperar que haya calado la lección recibida hace dos semanas cuando la Asamblea Legislativa estuvo a punto de aprobar un plan que pretendía condonar jugosas deudas de agricultores con dineros del Fondo de Reconversión Productivo.
“De aquí en adelante, creo que la Asamblea andará con mucho más cuidado y temor de los datos que recibe”, expresó Pacheco.
Detalle. De los cinco proyectos de condonación que se encuentran en trámite, el más avanzado es el plan de Ley de Atención de Pobladores Rurales Afectados por Desastres Naturales .
La iniciativa se encuentra ubicada en el primer lugar de la agenda de la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales.
Su propósito es que el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) pueda adquirir y entregar nuevas fincas a parceleros afectados por desastres naturales. Además les perdona deudas, intereses y multas desde 1981 al 2005 con el sistema de Caja Agraria.
Según el expediente, la cartera de Caja Agraria es de ¢1.109 millones y tiene 1.751 operaciones.
Aunque autoridades del IDA dicen haber dado una lista de deudores a cada diputado de la Comisión, admiten que no es definitiva.
El beneficio será para quienes demuestren haber sido afectados por desastres entre el 2005 y febrero de 2009, los cuales originaron 13 decretos de emergencia.
“Tiene que quedar muy bien reglamentado quiénes tienen derecho. El primer criterio es que tenga la condición de damnificado”, manifestó Carlos Bolaños, presidente ejecutivo del IDA.
Vivienda y pesca. El proyecto de mayor impacto económico perdonaría créditos de vivienda por ¢2.360,9 millones.
De aprobarse, favorecerá a pobladores de Pacuare de Limón; Nandayure de Guanacaste; Curime en Liberia; El Clavel en San Isidro de El General; y Río Nuevo en Corredores, Puntarenas.
La promotora fue la diputada liberacionista Yalile Esna, quien recibió el apoyo de otros 11 legisladores . En la actualidad, el plan se encuentra en el segundo lugar de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración.
Por su parte, el diputado socialcristiano Bienvenido Venegas impulsa el perdón de las deudas contraídas por “unos 137” pescadores ante el Fideicomiso Pesquero del Instituto de Pesca y Acuicultura.
Según el texto, los créditos pendientes suman ¢203,5 millones, pero el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso calcula que son ¢296,5 millones.
Venegas aseguró que posee una lista de deudores a agosto de 2008 y prometió incorporar una actualizada en el expediente.
No obstante, el legislador afirmó que de la lista va a excluir a “cinco o seis ”pescadores más grandes que tienen deudas que superan los ¢10 millones y ¢14 millones.
“Yo tengo interés de ayudarle porque es gente muy pobre (... ) a los que necesitan”, aseveró.
Antonio Porras, director técnico de Incopesca, aseguró que la mayoría son deudas inferiores a los ¢5 millones. Sin embargo, la Asamblea no le ha pedido información.
En cuanto a los dos proyectos restantes, uno pretende autorizar al CNP a perdonar los créditos de una asociación campesina guanacasteca y el otro a ayudar beneficiarios de dos proyectos de vivienda en San Ramón de Alajuela.
Solo el primero avanzó en la consulta al Departamento de Servicios Técnicos que corrijió el cálculo de la deuda. Esta pasó de ¢26 millones a ¢98 millones.
