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Los manifestantes que obstruyan el paso por vías públicas se librarán del castigo de cárcel de aprobarse un proyecto de ley dictaminado el martes por Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa "Ley para frenar la criminalización de la protesta social" propone que se derogue el artículo 256 bis, adicionado al Código Penal por la Ley N.° 8250, el 2 de mayo de 2002, en el que impone una pena de cárcel de diez a treinta días a los ciudadanos que participen en protestas populares que impliquen "bloqueos" de vías públicas.
Según el proyecto de ley, la medida actual es "represiva excesiva, desproporcionada e incongruente con un Estado de derecho democrático como el costarricense".
En su lugar, quien bloquee una vía será sancionado con una pena de tres a treinta días multa.
"La aplicación de la pena de cárcel a quienes participan en este tipo de acciones es tendiente a endurecer la represión estatal contra las protestas sociales, que en los últimos años se han venido dando de forma creciente en nuestro país en contra de las políticas neoliberales de los distintos gobiernos de turno", se explica en el proyecto.
Para el diputado del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, uno de los que integran la comisión, el dictamen del nuevo plan es "buena señal para que este tipo de condutas dejen de tipificarse como delitos y se conviertan en una contravención".
"Aspiramos a que se puedan eliminar esas conductas de nuestro código represivo", dijo Araya.
La comisión está integrada, además, por Marvin Atencio y Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana; Carlos Arguedas, Antonio Álvarez Desanti y Juan Luis Jiménez Succar, del Partido Liberación Nacional; Jose Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario; Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión y Gerardo Vargas Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana.
Este miércoles, cientos de transportistas que brindan Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) mantuvieron bloqueadas vías claves de todo el país en protesta por la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de no renovar 1.821 placas. Esto en acatamiento de un criterio de la Procuraduría General de la República.
Los bloqueos causaron un caos vial, sobre todo en el área metropolitana, y complicaron el traslado de un niño herido en un accidente en Alajuela, donde hubo dos fallecidos.
