EscucharEl Patronato Nacional de la Infancia (PANI) “no cumple a cabalidad” el seguimiento de la situación legal, psicológica y social de niños albergados por organizaciones no gubernamentales (ONG).
Así lo reveló la Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOC-IF-123-2009.
La investigación demostró, por ejemplo, que en albergues de una organización privada que se encuentra bajo la vigilancia de la oficina local del PANI en Limón, existen infantes cuya situación legal no ha sido resuelta en años (inclusive seis años después de su registro en la entidad).
Estos menores no cuentan con la declaratoria de abandono y, en algunos casos, ni siquiera se ha realizado el trámite ante el juzgado respectivo. Dicha declaratoria es indispensable para que el menor pueda ser dado en adopción.
“Además, la documentación analizada permitió observar casos en los que existe una nula o poca participación de los funcionarios del PANI en el seguimiento administrativo, psicológico o social de los menores”, señala el informe de la Contraloría.
Cuando el PANI emite una orden de protección a un menor, dado que su seguridad física o emocional está en peligro, este es internado en un hogar solidario, un albergue del Patronato o en el de una ONG.
En el primer esquema de protección hay actualmente 3.729 menores; en el segundo 443 residentes y en las organizaciones no gubernamentales hay 1.491 internos.
A los hogares subvencionados y a las ONG el PANI les traslada, en total, más de ¢3.000 millones anuales para que financien su labor.
Las autoridades del PANI apelaron el informe de la Contraloría y el jueves pasado presentaron sus argumentos de respuesta.
Pese a lo anterior, Mario Víquez, presidente ejecutivo de la entidad, reconoció la existencia del problema en cuanto al estado legal de los menores.
Víquez destacó que desde el año pasado la institución inició un proceso para definir la situación legal de los infantes, labor que recae en un equipo técnico de trabajadores sociales, psicólogos y abogados.
El jerarca detalló que el proceso para los 1.491 menores albergados en ONG concluirá en cinco meses.
Respecto a la atención social y psicológica de los menores, Mario Víquez dijo que eso es responsabilidad de cada ONG.
Más cuestionamientos. El informe del ente contralor también señala que el PANI no ha realizado diagnósticos sobre las necesidades de protección especial de los menores, para promover programas y mejorar la distribución de los recursos otorgados a las organizaciones privadas.
“El Patronato tampoco solicita los planes de trabajo de estas organizaciones previo a la asignación de recursos, lo que imposibilita su valoración”, detalla el documento.
Ante esto, Mario Víquez dijo que atenderán el cuestionamiento de la Contraloría y pedirán los planes de trabajo a las ONG.
