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Por orden de la presidenta Laura Chinchilla, el Ministerio de Salud deberá presentar en diciembre un estudio de “costo-factibilidad” de la aplicación en el país, en niños y adultos mayores, de la vacuna contra la bacteria neumococo.
La mandataria acogió una recomendación de la Comisión de Notables de la CCSS de valorar aspectos de esa campaña de inmunización.
Los expertos sugirieron revisar aspectos relacionados con “los estudios que justifican su aprobación, así como los mecanismos de compra (de las dosis)”, dijo el informe, que incluye 81 recomendaciones para sanear la gestión y finanzas del Seguro Social.
Tras una semana de análisis de ese texto, el Gobierno se comprometió no solo a atender el tema de las vacunas, sino otras cuatro recomendaciones que involucran de manera directa el quehacer de cuatro de sus ministerios.
Pero el estudio de las vacunas contra la bacteria neumococo –asociada con enfermedades graves como la neumonía y la meningitis– ya generó críticas, en especial de la anterior ministra de Salud de esta administración, María Luisa Ávila, quien fue asidua impulsora de las campañas de inmunización.
Consideró que la revisión y cuestionamiento sobre la efectividad de la dosis contra la neumococo es una “absoluta torpeza” y una “barrabasada”.
El estudio en el tema de vacunas lo deberá realizar su sucesora en el Ministerio, Daisy Corrales.
Los expertos encontraron que “la principal causa de ese incremento fue la introducción de la vacuna contra la neumococo en el esquema básico de vacunación obligatoria”.
Por su parte, Ávila defendió esa inclusión de las dosis en que “por cada dólar que se invierta en neumococo el Seguro Social se ahorra ocho”. Esa estimación –dijo Ávila– se basa en análisis que realizó el economista Juan Rafael Vargas.
Según la exministra, el aumento en la inversión anual por vacunas que hace actualmente la Caja se debe a que “se pasó de tener un esquema de vacunación de octavo mundo, a uno de primer mundo”.
En marzo, la Caja dio inicio a una vacunación contra neumococo para 220.000 personas. El costo de la adquisición de esa misma cantidad de dosis fue de $1,5 millones. Dos años antes, en el 2009, la Caja había invertido $9 millones en dosis para ese mismo objetivo.
La primera es que antes de finalizar este mes la Caja y el Gobierno deberán firmar un acuerdo y cronograma para el pago definitivo de la deuda que tiene el Estado con la seguridad social.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda deberá levantar una base de datos de la totalidad de indigentes que hay en Costa Rica y por los cuales el Estado debe pagar la prestación de servicios de salud.
La otra medida que se acatará es la creación de un reglamento para fármacos biosimilares, el cual deberá estar listo para el mes de noviembre.
El Gobierno también instó al Ministerio de Hacienda a que confeccione un sistema para estimar los costos institucionales de los servicios que ofrece la CCSS. Esta medida debe estar lista en un año.
