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El trabajo de la empresa responsable de modernizar la refinería de Moín estará en manos chinas los primeros cuatro años.
Este es uno de los acuerdos que establecieron Recope y la Corporación Nacional de China (CNPC, por sus siglas en inglés) al acordar la creación de la denominada empresa conjunta (EC).
Su constitución fue refrendada por la Contraloría General de la República el 3 de setiembre.
“En principio, como un acuerdo muy general, el gerente iba a ser chino por los primeros cuatro años y así se van alternando. Lo demás son detalles por definir”, confirmó esta semana el presidente ejecutivo de Recope, José León Desanti.
Para aclarar los otros detalles, representantes de Recope y la CNPC se reunirán del 12 al 16 de octubre en Londres, Inglaterra.
Uno de los enviados será Desanti, a quien el Consejo de Gobierno, en su calidad de junta de accionistas de Recope, nombró apoderado generalísimo para estos fines.
En la ciudad inglesa, las partes determinarán los estatutos y miembros de la junta directiva, capital accionario y demás requerimiento que establece el Código de Comercio de Costa Rica para crear una sociedad anónima.
Esta nueva empresa será inscrita aquí posiblemente a finales de este año.
Cuestión de dinero. Según Desanti, ya están incluidos en el presupuesto de Recope los $2,5 millones para la apertura de la oficina de la empresa conjunta.
Se estima que para los próximos años, la Refinadora deberá aportar por lo menos $150 millones de los $800 millones o $1.000 que costará la modernización de la refinería de Moín.
Lo restante vendrá en un 70% del financiamiento que se consiga, posiblemente con bancos chinos, y el aporte de la CNPC.
Según el refrendo de la Contraloría, Recope informó de que el contenido presupuestario para este proyecto vendrá del superávit y ya cuenta con la venia del Ministerio de Hacienda para aumentar su límite de gasto.
Según José León Desanti, la misma normativa que rige a Recope les otorga los fondos para modernizar sus instalaciones.
Estos fondos deberán incorporarse a los planes de presupuesto de Recope, pasar por la Contraloría y finalmente llegar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que los incorpore en las tarifas que pagan los usuarios por la compra de combustibles.
