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En el ocaso de uno de los años más difíciles de su historia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) depende de que el Gobierno cumpla su promesa de pagarle ¢52.500 millones para no cerrar este 2011 con números rojos.
La fecha del pago está para el martes 20 de este mes.
Dicho desembolso está contemplado en el convenio que el Ministerio de Hacienda firmó el pasado 1.° de noviembre –en el 70 aniversario de la Caja– para cancelar un total de ¢123.000 millones de deudas acumuladas por el Estado con el seguro social.
Con los primeros ¢52.500 millones, la entidad no solo honraría deudas con proveedores y asumiría gastos de final de año, sino también tendría el flujo de efectivo mínimo que requiere (¢32.000 millones) para operar en las primeras dos semanas del 2012.
De acuerdo con estimaciones de la institución, al 31 de diciembre obtendría un saldo final de caja de ¢33.077 millones.
Ese monto se divide de la siguiente manera: ¢32.219 millones del saldo inicial de caja y ¢858 millones de superávit de la diferencia entre ingresos y egresos de todo el año.
La última cifra es minúscula si se compara con el presupuesto que la entidad presentó a la Contraloría General de la República para el 2012 por ¢2,3 billones.
Dicho de otra manera, los ¢858 millones de superávit apenas alcanzan a la CCSS para pagar el tiempo extraordinario de dos meses de un solo hospital.
Iván Guardia, gerente financiero de la institución, comentó a este diario que se encuentran negociando con Hacienda para que el pago de los ¢52.500 millones sea una parte en efectivo y otra en títulos, lo que haría que la entidad se asegure efectivo de manera inmediata.
La negociación la hacen con el tesorero nacional, Adrián Vargas. El viernes, Hacienda confirmó el pago a la Caja para el martes 20.
Dicho organismo estimó que si no se tomaban acciones inmediatas para corregir la mala gestión, la entidad cerraría el 2011 con un déficit de ¢74.900 millones.
Y si los problemas continuaban, la OPS calculó que para el 2015 el faltante sería de ¢313.909 millones.
El panorama cambió radicalmente porque la entidad contuvo gastos por ¢28.000 millones. Por ejemplo, logró un gran ahorro en el pago de tiempo extraordinario y creación de plazas (congeladas tras divulgarse el estudio de OPS).
También ayudó la aplicación del criterio de la Procuraduría General de la República de no tomar las incapacidades como parte del salario, lo cual significó un ahorro de ¢8.000 millones.
Según Guardia, la Caja cerrará el año sin deudas a proveedores, pues antes de enero les habrá cancelado ¢28.000 millones. Además, en el 2012 por primera vez la entidad hará aumentos salariales ajustados a los del sector público, y no por encima como ocurría antes.
