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Buses desaparecen de barrios limonenses ante alta presencia de taxis ‘piratas’

Empresarios alegan que transporte colectivo ilegal se llevó a la clientela y ahora, sin el servicio público, aprovechan para cobrar en exceso a los clientes

Cuando Karla Córdoba necesitaba ir al centro de Limón a realizar alguna diligencia, pagaba ¢310 por el pasaje de bus desde barrio Pueblo Nuevo, donde vive. Pero hace algunos meses, eso cambió drásticamente porque los buses desaparecieron; ahora debe caminar los tres kilómetros de distancia o pagar un taxi que le cobra ¢2.500.

Su congoja la comparten miles de vecinos de los barrios periféricos de la ciudad caribeña donde ya no operan los buses. Estudiantes, adultos mayores, trabajadores. Todos los usuarios, la mayoría de escasos recursos, quedaron a la deriva con la decisión de los empresarios de frenar sus servicios.

Ellos alegan que no tuvieron más opción ante el impacto de los transportistas ilegales, más conocidos como “piratas”, que se han ido llevando a la clientela de los buses. Ahora, aseguran los empresarios, esos conductores se aprovechan de que definitivamente no hay servicio público para cobrar más caro a los clientes.

“Uno trata por todos los medios de hacer solo un mandado a la semana. En mi caso, mi hermano usa el carro, ya que trabaja en el sector de Bananito y nos lleva a veces, pero cuando nos urge, usamos el servicio colectivo o nos corresponde un taxi “pirata” o rojo. Tracasa era la que daba el servicio pero ellos comunicaron que suspendían el servicio de buses”, contó Córdoba.

Aparte de barrio Pueblo Nuevo, también se quedaron sin buses los pobladores de La Colina, Limoncito, Envaco, Urbanización Los Cocos, Lirios, Atlántida, Cieneguita, Valle La Aurora, Almendros, Villa Hermosa, Santa Rosa, barrio San Juan e Isaías Marchena.

Estos barrios correspondían a la ruta 741, que inicialmente estaba a cargo de la empresa Tracasa (Transportes del Atlántico Caribeño S. A.).

Carlos Enrique López Solano, gerente de Tracasa y presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans), dijo que desde noviembre del 2020 tuvieron que suspender el servicio de la ruta 741. Luego, según López, la ruta fue asumida por la empresa Cottabus, pero está compañía dejó de operar en octubre del 2021. Desde entonces, no hay transporte público.

“Prácticamente, en ningún pueblo en la periferia del centro de Limón está operando ningún servicio de bus; los barrios ubicados hasta cinco kilómetros alrededor del centro de limón ya no tienen servicio”, afirmó el empresario.

Según él, la situación empeorará después de Semana Santa ya que la empresa Autotransportes Los Corales S. A., que operaba rutas de los barrios del sur de la ciudad, anunció que también va a paralizar labores. Las comunidades afectadas serán Los Corales, Santa Eduviges y Proyecto Pacuare.

Los empresarios insisten en que los causantes de este problema con los transportistas ilegales, pues contra sus tarifas por viajes colectivos no se pueden competir. Además, ellos no pagan cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social y tampoco el canon a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al Consejo de Transporte Público (CTP).

El incremento en el precio del diésel solo vino a empeorar la situación. Según la más reciente alza aprobada por Aresep, el litro de ese combustible pasó de ¢724 a ¢845, entretanto el de gasolina súper subió de ¢822 a ¢909 y el de regular, de ¢804 a ¢889.

“No hay una sola acción del Gobierno contra la piratería; en Limón eso es tierra de nadie. Los colectivos informales en Limón centro rondan las 250 unidades a vista y paciencia de las autoridades. El Gobierno debe entender que el que se monta en bus no puede pagar el pirata, pero los buses no están trabajando; se ha ido diezmando el transporte concesionado por el Estado. En la pandemia, comenzó a bajar la demanda del servicio de buses; ahora, con los precios del combustible, el problema se va incrementar si no hay una acción del Gobierno”, manifestó López.

En el caso de la ruta 741, según él, es muy deficitaria económicamente: “La operamos cinco años y perdíamos entre ¢5 millones y ¢6 millones mensuales, no hay una acción del Gobierno contra la piratería. La gente más afectada porque no tiene el servicio es la más pobre. Tenemos una reunión el jueves con todos los empresarios de transporte del país para revisar la situación y ver cómo nos organizamos”.

Karla Córdoba agregó que los servicios piratas de transportes se están aprovechando de que no hay rutas de bus y subieron sus tarifas de ¢600 a las mismas que cobraría un taxi formal o peor aún, al precio que se les antoje.

Juan Ramón García, director del programa limonense Comentarios Al Día, ha sido testigo de la crisis del transporte en Limón y concuerda en que el servicio de colectivos ilegales ha afectado muchísimo el servicio regulado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Cuando los buses llegaban a las paradas, no había usuarios porque ya se habían ido en colectivos, solo los esperaban adultos mayores que no pagan el pasaje; eso pasa desde hace seis meses aproximadamente. Lo que hace la gente es caminar bajo el sol o lluvia para llegar a su destino. No tenemos control de Policía de Tránsito para regular este tema de los piratas, están muy identificadas las zonas donde están los colectivos, pero dicen que hay poca unidades de Tránsito disponibles”, relató García.

Javier Maroto, vecino de barrio Pueblo Nuevo, dijo que desde noviembre del año pasado están con la zozobra de no contar con el servicio de buses y solo tener disponible el servicio pirata.

“Se no ha presenta problemas con la entrada a clases, ya nuestros bolsillos no dan para estar pagando tanto al servicio informal. En ocasiones, hasta se aprovechan de nuestra situación, por la falta del transporte público”, relató Maroto.

Mayra Almengor, vecina de Santa Rosa de Limón, agregó que unos de los principales afectados por la situación es la población adulta mayor que tiene que sacar citas en las clínicas y a veces no cuentan con los recursos para pagar los servicios de los piratas quienes son los que están haciendo su agosto.

“Se están abusando cobrando más por los servicios”, recalcó Almengor.

Colaboró el corresponsal Raúl Cascante.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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