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Cuando los niños de la Escuela de Santa Marta y del Colegio Calasanz salieron de su primer día de clases del 2011, se toparon de frente con algo que no había antes: un bar.
Se trata de dos negocios, ambos en el cantón de Montes de Oca, dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, que se ampararon en un portillo legal para obtener una patente de licor en las inmediaciones de un centro educativo. ¿Cómo lo hicieron? Se instalaron dentro de un centro comercial.
Un decreto ejecutivo emitido en marzo del 2008 prohíbe la explotación de las patentes de licores en cantinas, bares, tabernas, discotecas o clubes nocturnos ubicados a 400 metros o menos de servicios de salud, canchas de fútbol y centros educativos, entre otros.
No obstante, ese mismo reglamento indica que los negocios instalados dentro de un centro comercial quedan exentos de cualquier restricción de distancia.
Por ello, un bar que recientemente abrió sus puertas en un centro comercial contiguo a la Universidad Fidélitas, y a menos de 100 metros de la escuela de Santa Marta, no tuvo problemas en obtener una patente de licores.
Estos negocios que ahora se abren en los centros comerciales se suman a decenas de bares instalados antes de que se emitiera el decreto sobre el límite de distancia.
Estos bares, como los que hay en la calle de la Amargura (a 100 metros del Liceo Vargas Calvo), tienen derechos adquiridos y, por ende, están exentos del reglamento.
“Esa ubicación me parece inapropiada. Me preocupan los chiquillos que, además, salen a tomar una buseta al frente”, afirmó.
Luna también dijo estar interesada en plantear una queja grupal con otros padres de familia. No obstante, al parecer, no existen opciones legales para combatir la propagación de bares que se ajustan a ese portillo legal.
Por eso, no es suficiente evitar la apertura de escuelas en zonas donde hay expendios de licor, según explicó Rocío Solís, directora del Departamento de Protección de Derechos, del Ministerio de Educación Pública (MEP).
“El problema es cuando ya están los centros educativos y las municipalidades y el Ministerio de Salud dan los permisos para habilitar locales como bares”, comentó Solís.
“Nos preocupa como Ministerio de Educación porque sabemos que los alrededores de las instituciones deben ser ambientes sanos, y que nos lleven a la seguridad”, agregó.
También externó su preocupación la doctora Patricia Orozco, directora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), quien opinó que Costa Rica se está quedando rezagada en la legislación sobre el consumo de licor.
“¿Cómo es posible que un chiquito, al salir de la escuela, lo primero con lo que se encuentre es con un bar? El IAFA tiene un programa de prevención en las escuelas, pero, mientras les enseñamos una cosa en las aulas, salen de la escuela y ven todo lo opuesto”, manifestó la jerarca del IAFA.
“Es un tema que debería ir más allá de la ley. Las municipalidades, que son las que otorgan las patentes, tienen que asumir responsabilidad”, recalcó.
Por ejemplo, solo en el Centro Gastronómico Antares (al costado suroeste de la rotonda de la Bandera) se otorgaron unas diez patentes de licores, según los cálculos del alcalde, Fernando Trejos. Cerca de ahí se encuentra no solo la Universidad de Costa Rica, sino también el Colegio Anastasio Alfaro.
Sin embargo, a criterio de Trejos, el decreto del 2008 tiene a las autoridades municipales atadas de manos a la hora de otorgar las patentes, ya que, legalmente, los bares ubicados en centro comerciales no están prohibidos.
Incluso, de no dar la patente a alguien que califica, la Municipalidad se podría ver envuelta en un embrollo legal, sostiene Trejos.
“Si uno no da la patente a alguien que cumple con todos los requisitos, le pueden meter una demanda por daños y perjuicios”, alegó el alcalde.
Al respecto, Trejos propone delegar en los municipios la decisión de otorgar o rechazar una patente.
“Yo sostengo que esas son competencias exclusivamente municipales, y preferiria que la decisión quedara entre nuestras potestades discrecionales”, indicó Trejos.
“Uno podría hacer un estudio, pedir el criterio de los vecinos y lograr una negociación”, agregó.
