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La atención de los problemas de la niñez que le corresponde por ley, desborda al escaso personal técnico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Apenas 273 profesionales, entre psicólogos, abogados y trabajadores sociales deben conocer las 34.000 denuncias que, en promedio, recibe anualmente la institución.
Esos profesionales están distribuidos a lo largo del país en nueve direcciones regionales y 41 oficinas locales, las cuales reciben denuncias y dan seguimiento a los 5.000 menores que se encuentran bajo medidas de protección.
La carencia de personal se percibe con más fuerza en las oficinas locales y en los albergues, según explicó el gerente técnico del PANI, Jorge Urbina.
“Tenemos oficinas que funcionan con el equipo mínimo: un trabajador social, un psicólogo, un abogado, un chofer, una secretaria, y un jefe”, manifestó Urbina.
“En algunas oficinas como las de Aguirre (Puntarenas) y Sarapiquí (Heredia), tenemos el inconveniente de que el jefe, además es el abogado, ya que asume una doble función por recargo. No es un equipo suficiente para hacerle frente a la demanda”, subrayó.
Urbina calculó que cada oficina local recibe al menos 6 o 7 nuevos casos diarios. No todos se atienden de inmediato, según reconoció el funcionario.
“Puede ser que en algunas oficinas haya denuncias esperando atención, pero no son emergencias. Lo que se hace es priorizar los trámites”, manifestó.
Las condiciones en las cuales se encuentran muchos de los niños también dificultan la atención, según Jalila Meza, coordinadora del Departamento de Acreditación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) del PANI.
“Hay una serie de factores de riesgo como la pobreza, la violencia, el abuso y la drogadicción, que se juntan y hacen aún más compleja la situación”, dijo Meza.
Un sondeo realizado por la institución en el 2008 reveló que en materia penal juvenil y de familia hubo 41.000 procesos judiciales, en los cuales les correspondía apersonarse. Esa cifra no contempla los casos penales para adultos, civiles, laborales y administrativos donde hay un niño de por medio.
“Con aproximadamente 70 abogados en las oficinas locales, tendríamos que tramitar todos esos procesos por lo menos en la parte de representación y verificación del cumplimiento de derechos de los niños. Es imposible”, dijo Urbina.
En diciembre, el diputado Luis Fishman denunció el desfinanciamiento del Patronato y señaló que para el 2011 la entidad recibirá ¢8.883 millones, que equivale al 18% de lo que corresponde por ley.
Asimismo, el Informe Técnico de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto subrayó que el Patronato encabeza las instituciones deficitarias, pues no percibirá unos ¢39.000 millones.
El recorte es resultado de las restricciones del Ministerio de Hacienda que reportó un faltante de por lo menos ¢88.000 millones para cumplir con todos los destinos específicos.
Según explicó Urbina, el recurso humano del PANI no puede crecer mientras no aumente la asignación por parte del Ejecutivo.
“Nuestro recurso humano depende del presupuesto ordinario al que podamos darle sostenibilidad. Es un requisito indispensable para que la AP (Autoridad Presupuestaria) apruebe plazas”, dijo Urbina.
“En las últimas gestiones de plazas que hemos hecho, simplemente nos han dicho, ‘si no tienen presupuesto, no hay plazas’ y presupuestariamente no podemos crecer”, concluyó.
