EscucharConfusión y errores en un informe elaborado por la Contraloría General de la República fueron los argumentos utilizados por Johnny Araya, alcalde de San José, como defensa ante un órgano director de ese ente ayer.
La declaración la hizo Araya como parte de un procedimiento administrativo que busca esclarecer si hubo afectación a la hacienda municipal con un contrato para actualizar el catastro, cuyo costo fue de $2 millones (¢1.050 millones).
Araya dijo que la Contraloría se equivocó en cuanto al objeto del contrato firmado en el 2002 con la empresa mexicana Estudios y Proyectos de Ingeniería Urbana S. A.
“En el informe se dice que era para comprar un sistema de información geográfica (
El Alcalde josefino también declaró que hay una confusión sobre el número de predios revisados por la citada empresa mexicana.
“El estudio de la Contraloría dice que solo se encontró una base de datos con 80.918 predios y señala que la Municipalidad pagó por 105.000. Quedó demostrado que existe la base de datos con esa cantidad completa y para ello aportamos un inventario hecho por la dirección de informática”, afirmó.
“Esa información fue vital para aumentar los ingresos; solo en el 2003 se incrementaron en ¢2.000 millones por bienes inmuebles y servicios urbanos, es decir, el doble de lo que costó el proyecto”, sostuvo.
Tras la declaración, Araya respondió preguntas de los integrantes del órgano: Sergio Mena, Roberto Rodríguez y Navil Campos, todos abogados de la Contraloría.
Mena lo cuestionó porque el contrato establecía que el proyecto debía ejecutarse en dos años, pero tardó casi el doble.
El Alcalde respondió que durante la ejecución “surgieron imprevistos” y que también aparecieron más predios que los estimados, por lo que la empresa tardó más tiempo en entregar los resultados. La audiencia continuará el próximo lunes con la etapa de conclusiones.
