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APM Terminals tendrá tiempo hasta octubre próximo para empezar la construcción de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Así lo acordó este miércoles, la Junta Administradora y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), tras una petición del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Originalmente, la concesionaria tenía una autorización para completar las condiciones precedentes y empezar obras hoy 24 de julio. Sin embargo, como todavía había permisos y requisitos pendientes, el CNC solicitó ampliar el plazo durante tres meses más.
"La suspensión se hace de mutuo acuerdo entre Japdeva, CNC y la concesionaria APM Terminals, con el fin de dar tiempo para cumplir las condiciones del contrato", indica un comunicado de prensa de Casa Presidencial.
Las condiciones precedentes de este contrato incluyen que estén aprobados los planos constructivos ante las entidades estatales competentes, que esté definida la lista de maquinaria que se utilizará, vigentes las pólizas de seguros y todos los permisos de operación y construcción que se requieran.
Esta suspensión está autorizada en el contrato, para permitirle al concesionario cumplir con todos los requisitos previos. Eso sí, la empresa luego no podrá tomar como argumento este atraso para reclamar desequilibrios económicos del contrato.
"En este caso, la Administración Concedente postergará la emisión de la orden de inicio, hasta el momento en que haya verificado que el Concesionario ha cumplido con las condiciones precedentes que se encuentran pendientes de trámite o aprobación", indica el comunicado.
Durante los tres meses de suspensión no se le podrá exigir al concesionario la acreditación del cumplimiento de las condiciones del contrato.
Este plazo de tres meses también deberá ser empleado para facilitar un proceso de diálogo con el concesionario, en relación con temas estratégicos para la Administración. El primero de estos temas será el referido a las medidas para lograr la sana competencia en el sector, dijo Presidencia.
En octubre también vence el plazo para que APM Terminals aclare 110 inconsistencias que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental encontró en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Sin dicha viabilidad, el puerto valorado en ¢1.000 millones no se podría construir.
La Nación intentó obtener el criterio de Rogelio Douglas, representante de APM Terminals, pero se encuentra fuera del país.
