La mesa de diálogo para discutir la reforma de pensiones de la Caja ni siquiera ha empezado su trabajo y ya es escenario de renuncias, cuestionamientos y reclamos entre los sectores que la integran.
Los cuestionamientos públicos por supuestas deudas con la seguridad social de dos de las tres fichas patronales en la mesa, así como los reclamos de sindicalistas y solidaristas sobre la cantidad de sus representantes, pisan el freno a una discusión en la que todos concuerdan en iniciar de forma urgente.
El comienzo de las conversaciones estaba programado para entre febrero y marzo, pero ahora se podría posponer hasta abril. Esto, si se logran poner de acuerdo en los nombramientos que aún hacen falta, y se resuelven las apelaciones que han llegado hasta la Junta Directiva de la Caja por parte de sindicalistas y solidaristas.
A lo anterior se suma la designación todavía pendiente de quién será el facilitador de la discusión en esa mesa.
Hasta el momento, la Caja no ha logrado designar al responsable de tareas como llevar la agenda, canalizar los apoyos técnicos o registrar los acuerdos que se suscriban entre los sectores.
Según explicó uno de los directores de la Caja, Mario Devandas –representante sindical ante la Junta–, han surgido varios nombres para ese cargo, sin que hasta el momento alguno haya aceptado la tarea.
Entre los nombres que se han escuchado para facilitador, están el del director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel, y el exrector del Incae Roberto Artavia.
La presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal, reiteró la importancia del inicio de la mesa y lo calificó de "vital importancia para la población pensionada y cotizantes del país".
"Las circunstancias relacionadas con las designaciones son propias de un proceso democrático, y reflejo de una alta vocación participativa que tienen los sectores, orientada a garantizar condiciones óptimas para el inicio del diálogo. Al final de la mesa, será la madurez de sus discusiones, la solidez de sus propuestas y el compromiso con las recomendaciones, los verdaderos parámetros sobre los que podremos medir el impacto de este mecanismo", afirmó Sáenz.
Priorizar el diálogo
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió discutir una eventual reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) mediante una mesa de diálogo.
Como máximo órgano de la institución, la Junta estaba facultada legalmente para decidir la reforma sin necesidad de hacer esa consulta, aclaró José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas en la Junta.
"Había dos vías: que la Junta Directiva tomara todas las decisiones, porque es a la que le corresponde por ley; y la otra era consultar a los sectores para que discutieran y analizaran posibilidades. Se decidió esta última porque lo que la Junta ha buscado y busca es convocar, consultar y promover una discusión para que el país pueda tener tranquilidad de que el régimen de IVM va a ser sostenible en el tiempo", sostuvo Loría.
El acuerdo se tomó tras un estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos resultados se presentaron en diciembre del año pasado.
En él se advierte el riesgo de crisis para este sistema si no se toman medidas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
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"Si no se toman medidas urgentes se estima que los ingresos de aportes e inversiones dejarán de ser suficientes para honrar los gastos en 2022-2028, por lo cual se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría en 2027-2034", advierte el informe de la UCR.
El mandato de esa mesa es analizar los diferentes escenarios estudiados por los actuarios de la UCR y formular una propuesta de consenso para inyectar salud financiera al IVM.
La integración de esa mesa es similar a la de la Junta Directiva de la Caja, con representantes patronales, estatales y laborales.
En total, la mesa tiene 10 miembros: tres del sector patronal, tres del Estado, y cuatro de los trabajadores.
Los tres representantes estatales son Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Alfredo Hasbum Camacho, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda.
De los tres representantes patronales designados, se mantienen Rafael Carrillo Lara y Luis Mesalles Jorba.
La Unión de Cámaras (Uccaep) defendió el nombramiento de Mesalles pese a que Roberto Mora Salazar, conocido como el "cobrador de la Caja", denunció la semana anterior que el empresario aparece como tesorero de cinco empresas morosas con la seguridad social.
El tercer representante patronal, Miguel Schyfter Lepar, renunció a finales de la semana pasada, poco después de que Mora revelara una deuda del empresario por cuotas obrero patronales con la Caja, superior a los ¢35 millones.
Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep, considera que estas denuncias no tienen por qué afectar la credibilidad de la representación patronal en la mesa.
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"No veo por qué podría verse afectada la credibilidad de todo un sector por dos casos aislados que fueron atendidos, resueltos y aclarados de manera prácticamente inmediata.
"Los señores hasta ahora nombrados en esta mesa de diálogo como representantes del sector productivo nacional, tienen amplia experiencia y trayectoria, con quienes estamos agradecidos por su disposición en dedicar el tiempo que les demandará su participación en tan importante tema", dijo Pacheco en una respuesta escrita enviada a este diario.
Por su parte, los cuatro representantes laborales en la mesa son Geovanny Villalobos Guzmán, por el cooperativismo; Marvin Durán Espinoza, por el solidarismo, y Marta Rodríguez González y Olga Martha Gómez por el sindicalismo.
La Junta Directiva decidió que ese proceso sería acompañado por una secretaría técnica a cargo de la Superintendencia de Pensiones (Supén) y de la Gerencia de Pensiones de la Caja, y del facilitador.
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Se dio un plazo de tres meses –que finalizaría en julio– para presentar una propuesta ante los directores de la Caja y tomar una decisión sobre los eventuales cambios para el principal sistema de pensiones del país.
Para el IVM cotizan más de 1,5 millones de trabajadores. Este régimen de pensiones tiene 238.644 beneficiarios entre los jubilados por invalidez, vejez y muerte.
Pendientes
El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum Camacho, calificó este preámbulo de "accidentado" y recalcó el interés del gobierno en dar respuesta a este tema antes de que finalice esta administración.
Parte de las complicaciones que ha enfrentado este proceso se iniciaron, precisamente, cuando la Caja hizo a un lado a esa entidad como mediadora, a pesar de que, en enero, el presidente Luis Guillermo Solís solicitó directamente a ese Ministerio encargarse de agilizar la instalación de la mesa de diálogo.
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La Caja cuestionó en ese momento la neutralidad del Ministerio de Trabajo, pues Presidencia se opuso a la decisión de la Junta Directiva de la CCSS de elevar la contribución del trabajador al IVM en un punto porcentual.
"Me parece que se ha ido más tiempo del conveniente en este tipo de detalles; en definir quién va a coordinar, en cuántos miembros va a tener... No le hemos entrado al fondo por ver cosas de forma. Cuanto antes hay que empezar a escuchar las posiciones de las distintas partes, procurar consensos y estudiar con toda la seriedad que esto amerita y con los apoyos técnicos necesarios. Para mí ya es hora de que nos pongamos a trabajar", dijo el ministro.
La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, confirmó que aún esperan a ser convocados.
"Según se nos ha informado, esto podría ser en los primeros días de abril. Por nuestra parte, vamos con la expectativa de que de esta mesa salga un fortalecimiento del IVM, como pilar fundamental de la seguridad social", dijo la ministra.
Marta Rodríguez González, una de las dos sindicalistas designadas en la mesa, dijo que hasta ahora la Caja no les ha explicado por qué solo dos de los tres representantes propuestos por los sindicatos fueron designados.
Ellos apelarán la conformación sindical en la mesa y solicitarán la ampliación a uno más, como estaba previsto originalmente.
"Nosotros creemos que este es un proceso que debió haber sido mucho más democrático, con participación de todos los sectores que tienen interés en este tema, porque es un tema país", dijo Rodríguez.
Sobre esta queja, María del Rocío Sáenz explicó que, por la particularidad del sector sindical y por recomendación del representante de ese sector en Junta Directiva, se abrió la posibilidad de contar con "hasta tres" participantes con un solo voto.
De los tres colectivos sindicales convocados, uno –Patria Justa– decidió no participar en la mesa de diálogo. Por eso la representación sindical quedó con dos miembros.
"A la fecha, la Junta Directiva no ha conocido ninguna apelación sobre la designación de los representantes sindicales, por lo que no es posible ni prudente hacer alguna referencia a esta potencial acción administrativa, que en todo caso no sería ajena a la naturaleza de un proceso democrático y de las circunstancia propias del sector", dijo Sáenz.
Por su parte, el Movimiento Solidarista Costarricense también manifestó su inconformidad pues, aseguran, la Junta Directiva no tomó en cuenta la propuesta del sector para la mesa.
En un comunicado de prensa, los solidaristas solicitan que se revise el nombramiento del representante del sector solidarista y se considere designar a "un segundo miembro del sector, reconociendo que hay dos organizaciones representativas y una de ellas, la Conasol (Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas), está siendo ignorada".