EscucharDiscrepancias entres los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retrasan el inicio de la discusión de las reformas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Más de dos meses después de publicado el estudio actuarial del IVM, la Junta Directiva de la Caja aún no logra el consenso para convocar la mesa de diálogo nacional para fortalecer el principal fondo de pensiones de Costa Rica.
Seis de los nueve directores de la institución reconocieron a La Nación diferencias que no han podido solventar.
La mesa de diálogo nacional es clave pues en dicho seno se negociarán las medidas para darle sostenibilidad al sistema de jubilaciones y lo que allí se acuerde debe ratificarse por la Directiva de la Caja.
“La Junta Directiva mantiene inconclusa la discusión sobre el diseño y alcances de la mesa de diálogo que se convocará para analizar las reformas que brinden una sostenibilidad de largo plazo al IVM”, reconoció María del Rocío Sáenz, presidenta de la CCSS.
La jerarca aseguró que los detalles de cómo será el proceso de negociación para reformar el fondo de pensiones se darán a conocer cuando los acuerdos estén en firme en la Directiva de la Caja.
A finales de diciembre del año pasado, se difundieron los resultados del estudio actuarial al IVM , elaborado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual ratificó que la reserva del fondo de pensiones se agota en el 2030, 10 años antes de las proyecciones de la CCSS, si no se ejecutan reformas al régimen.
Para darle sostenibilidad al IVM, el informe recomendó elevar la edad de jubilación de 65 años a los 70 años y bajar el promedio de pensión del 60% del salario al 40%.
Adicionalmente se planteó subir el aporte obrero-patronal y del Estado, de forma escalonada, del 9,16% hasta el 26,4% del salario.
La institución autónoma, como administradora del fondo, dictó un cronograma de trabajo en el cual se estableció como objetivo comenzar la discusión nacional para hacer cambios en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte a partir de marzo de este año. Sin embargo, entre los mismos directores de la institución existen dudas sobre la posibilidad de lograr el objetivo.
Desacuerdos. Entre los puntos de fricción, los directivos de la CCSS no están de acuerdo en cuál es la entidad que coordinará el diálogo; pero sí decidieron en que no será el Ministerio de Trabajo.
Mario Devandas, representante del sector sindical, reconoció que hay tres opciones: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado de la Nación y la Iglesia católica.
A ninguna de las tres entidades se les ha propuesto de manera oficial la coordinación.
Para José Luis Loría, directivo del sector cooperativo, el Estado de la Nación es el órgano que agrupa más consenso.
“La mayoría ve con buenos ojos al Estado de la Nación porque es una entidad neutral que no ha tomado ninguna posición”, aseguró Loría.
La conformación de la mesa de diálogo nacional es otro punto muerto hasta el momento.
Hay directores que abogan por una conformación similar a la de la Directiva, o sea, nueve personas de diferentes sectores con voto de decisión sobre las reformas al IVM.
Sin embargo, el sector sindical solicitó una presencia más nutrida en el proceso de diálogo; pero hay recelos en que muchos participantes obstaculicen el proceso de negociación.
“Se puede tener una mesa de diálogo de 15 o 23 personas; pero es la mejor manera de que no pase absolutamente nada”, aseguró Renato Alvarado, representante del sector empresarial.
Devandas reconoció que hay tres tendencias gremiales con interés de participar y no se ponen de acuerdo.
“Independientemente si participan dos o tres, solo tendrán un voto. Eso aplica para el sector sindical, solidarista y cooperativas”, enfatizó el representante sindical en la Caja.
Otro punto de divergencia es la propuesta de reforma del IVM. Para el sector empresarial y el de los trabajadores el punto de partida debe ser las recomendaciones dadas en el estudio actuarial de la UCR.
Sin embargo, Rolando Barrantes, representante estatal en la Junta, cree que no se debe cerrar la posibilidad a la Caja u otro sector de presentar su propio plan de cambios.
Para Óscar Fallas, también nombrado por el Gobierno en la Directiva, debe limitarse los temas de discusión, para no entorpecer la discusión sobre el fortalecimiento del IVM.
Acuerdo. Donde sí hay consenso es que la Superintendencia de Pensiones (Supén) sea parte, junto con la Gerencia de Pensiones de la Caja, del equipo técnico que asesore y valide el impacto de los acuerdos tomados en la mesa de diálogo.
Los nueve directores de la Caja estuvieron de acuerdo en incluir a la Supén, pese a que los mandos medios de la institución autónoma no lo tenían contemplado en la propuesta.
