El Consejo Superior del Poder Judicial tuvo que salir a aclarar la actuación de los jueces luego de contradicciones de criterio, entre la Fiscalía y el Poder Judicial, que impidieron el fin de semana el allanamiento de una finca de Alajuela donde se realizaba una boda masiva

En una sesión extraordinaria realizada este viernes, la Comisión estimó necesario realizar un recordatorio a todas los jueces coordinadoras de los Juzgados Penales ordinarios y de turno Extraordinario, así como de los Juzgados Contravencionales, sobre sus posibilidades de intervención debido a la emergencia sanitaria.

Explicaron que el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de intervenir en dos supuestos.

La primera es en las solicitudes de allanamiento por una contravención cuando en algún sitio no abierto al público se impida la entrada a los funcionarios del Ministerio de Salud o de la Fuerza Pública, para realizar una inspección del cumplimiento de las medidas sanitarias.

El artículo 346 de la Ley General de Salud faculta a los funcionarios del Ministerio a “hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos”.

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Tales diligencias deberán practicarse durante el día, entre las 6 a. m. y 6 p.m.

En caso de que el dueño del inmueble impida al personal entrar, el artículo 347 de la citada ley, faculta al Ministerio de Salud a solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento en caso de que las causas correspondan a una contravención. Los funcionarios de Salud podrán solicitar el acompañamiento de la Fuerza Pública en la inspección durante el allanamiento.

“Los Juzgados Contravencionales, por la competencia funcional otorgada por la misma Ley General de Salud, también son competentes para realizar estos allanamientos, conforme a lo dispuesto en el artículo 347”, indica la circular N. 93-2021 dada a conocer este viernes.

Sobre los casos donde el Ministerio de Salud necesita realizar allanamientos fuera de la jornada ordinaria, donde ya el Juzgado Contravencional no está trabajando, también se ha pronunciado el Consejo Superior.

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En las causas que corresponden a una contravención, en caso de presentarse la urgencia de la orden de allanamiento, en horario no hábil y en fines de semana; tanto en el Primer como en el Segundo Circuito Judicial de San José, estas solicitudes deberán ser atendidas por el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de la zona correspondiente, entendiendo que el Juzgado Contravencional no atiende por no estar disponible.

“Los funcionarios del Ministerio de Salud están facultados por Ley para solicitar directamente ante el Juez Penal o Contravencional competente, la orden de allanamiento para hacer inspecciones o visitas (...) en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos”, indica la circular

En caso de un delito

La segunda posibilidad de actuación de los jueces es porque se esté ante la sospecha del delito de “violación a las medidas sanitarias” dispuesto en el artículo 277 del Código Penal. Allí se establece una pena de prisión de uno a tres años o de cincuenta a doscientos días multa, por la violación de las medidas impuestas por la ley o autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, entre otras acciones.

A criterio de la Comisión, para la determinación de la existencia del ilícito, mediante la recolección de pruebas e identificación de los autores del delito, los funcionarios del Ministerio de Salud, así como cualquier otra persona, podrían comunicar los hechos de los que tengan conocimiento al Ministerio Público, con el fin de que este inicie la investigación en forma oportuna y, según su criterio, solicitar la orden de allanamiento al juez penal.

“Lo anterior sin perjuicio de que se actúe con la colaboración de los funcionarios del Ministerio de Salud para la comprobación de infracciones a la Ley General de Salud o a sus reglamentos y sus consecuencias administrativas, todo esto último a criterio de la Fiscalía General de la República”, explicó la Comisión.

Este órgano aclaró que es muy importante que todas solicitudes allanamiento se fundamenten considerado el tema de las violaciones a las medidas sanitarias impuestas por ley y por las autoridades competentes con la finalidad de impedir la propagación del covid-19, como la urgencia y necesidad de que se realice después de las 6 p.m., en razón de la propia naturaleza del evento en el que se estima pertinente intervenir.

Las contradicciones de criterio entre el Ministerio Público y el juez coordinador del Juzgado de Alajuela, José Barletta, impidieron a las autoridades de Salud obtener el permiso para allanar una boda, el fin de semana anterior, en donde habría más de 350 personas. La actividad se realizó cuando había récord de contagios por la covid-19.

La Fiscalía rechazó que la boda fuera un delito penal por lo cual no hizo la solicitud de allanamiento y envío a los funcionarios de salud a hacerla directamente al Juzgado. Sin embargo, el juez consideró que sí era un delito y que la solicitud de allanamiento debida ser hecha por el Ministerio Público.

Al final, nadie la hizo y el Ministerio de Salud ni siquiera les pudo poner una multa a los organizadores del evento.