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Los problemas con adquisición de equipos de protección para el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) parecieran no terminar.
Este jueves, la entidad informó de que dos provedores de respiradores KN-95 entregaron productos que incumplen la calidad establecida en el contrato.
Una de esas compras fue realizada a la MR Comunicaciones Políticas, de la periodista Miren Martínez Ruiz, envuelta en otra polémica por aparentes irregularidades en un contrato por cinco millones de mascarillas que nunca entregó. El caso está bajo investigación en la propia CCSS, en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
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En esta ocasión, se trató de una adquisión de 570.000 respiradores, por los que la Caja pagó $1,2 millones, y que según la institución no responden a las condiciones acordadas.
“El equipo técnico de Salud Ocupacional de la CCSS concluyó que el producto entregado por el proveedor no cumple, ni es el mismo que se pidió, ni técnica ni administrativamente, por lo que estamos ante un incumplimiento contractual”, indicó la entidad.
MR Comunicaciones Políticas ganó, entre abril y junio, tres contratos por $3,5 millones para gorros descartables, mascarillas y respiradores KN95.
Ese jueves, precisamente, el auditor de la CCSS, Olger Sánchez, compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para referirse a la pesquisa en relación con MR Comunicaciones y con el contador David Landergren. Ese último entregó siete millones de mascarillas con meses de atraso.
Segundo incumplimiento
Según lo comunicado este jueves, también se detectó que otras 300.000 unidades del mismo tipo de respiradores, adquiridos por un monto de $1,1 millones a la empresa Bioplus Care, tampoco cumplían con lo indicado en el contrato.
“Las instancias técnicas determinaron que las certificaciones aportadas y las pruebas de desempeño a las que hacen alusión corresponden al estándar EN-14683:2014 mascarillas quirúrgicas, mismas que no son concordantes al producto adquirido y a su vez que el porcentaje de eficacia de filtración de partículas sea el requerido para la protección contra gotas y aerosoles respiratorios”.
Para ambos contratos, informaron las autoridades, se abrirán los procedimientos administrativos sancionatorios y de cobro de daños que correspondan a los presuntos responsables.
Según detalló el gerente de Logística a.i. Esteban Vega de La O, los hallazgos se dieron luego de que las Gerencias Médica y Logística solicitaran al equipo técnico integrado por especialistas del Área de Salud Ocupacional de la Dirección de Bienestar Laboral, así como instancias adscritas a la Gerencia Administrativa, para que revisaran la documentación técnica suministrada y las muestras aportadas por los proveedores.
Según indicaron, debido al desbalance entre la oferta y demanda de estos insumos es necesario valorar con mayor exhaustividad los equipos de protección que son adquiridos.
La Caja aseguró que han tomado medidas para reducir el riesgo de que se repitan estas situaciones.
Además, aseguraron que el gerente general de la institución, Roberto Cervantes, ordenó la apertura de varias investigaciones administrativas sobre supuestas irregularidades en las compras que está haciendo la CCSS para atender la pandemia por la covid-19.
En el caso de respiradores, la Caja advirtió la posibilidad de desabatecimiento de respiradores N-95. Este mismo jueves, la Contraloría aprobó una compra urgente de 12.000 dispositivos.
Además, se autorizó a los hospitales Calderón Guardia, México, San Juan de Dios, San Vicente de Paul y San Rafael de Alajuela, a realizar un proceso de compra local.
Dichas compras a nivel local, se realizan por volúmenes inferiores a los requerimientos del nivel central, lo que facilita la entrega.
Paralelo a estas gestiones, la Caja mantiene en trámite otro proceso de compra por 300.000 respiradores a través de la Gerencia de Logística.
No obstante, la entidad pasó una instrucción de que, en un escenario de escasez, los funcionarios podrían reutilizar el respirador hasta cinco veces. Dos sindicatos se oponen a la medida, por considerarla riesgosa para el personal.
