La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, solicitó a la Asamblea Legislativa revisar el salario de la contralora general, Marta Acosta Zúñiga.
En un oficio fechado el 7 de febrero y dirigido al presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, la jerarca denuncia que el salario de Acosta excede el límite que se pretende establecer para el puesto de presidente ejecutivo de la Caja.
Según Marta Eugenia Esquivel, entre el 8 de mayo del 2020 y el 31 de diciembre del 2023, la contralora Marta Acosta devengó un salario de ¢5.740.000.
Para Esquivel, ese monto “no se adecua a lo señalado por la Contraloría” a la Junta Directiva de la Caja ni a lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de un salario mensual que no supere los ¢5.565.000.
La presidenta de la CCSS pretende que la Asamblea, como superior jerárquico de la contralora, revise su denuncia e indique si existe una disonancia entre lo ordenado por la Contraloría y lo que aplicó dicho órgano para fijar el salario de la contralora general.
“(...) a criterio de la suscrita, quebrantan la aplicación de los principios constitucionales de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad, así como los elementos esenciales del acto administrativo de motivo, objeto, fin y forma.
“De esta forma dejo planteada la presente denuncia, la cual respetuosamente solicito sea acogida y analizada por el Directorio legislativo, según sus competencias y potestades”, afirma Marta Esquivel en el documento PE-0439-2024, enviado con con membrete de la CCSS y con un análisis de la Dirección Jurídica de la entidad.
Ante cuestionamientos sobre el salario de Acosta surgidos desde meses atrás, el 14 de noviembre anterior, la contralora Marta Acosta Zúñiga había enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, el oficio número 16.439 (DC-0331), donde argumenta por qué todo lo relacionado con los salarios para los cargos de contralora general y de subcontralor general están a derecho. La Nación tuvo acceso a ese documento.
Resistencia desde la Caja
La denuncia de Marta Eugenia Esquivel es un capítulo más en el pulso que esta sostiene con la Contraloría desde diciembre pasado, cuando ese órgano alertó a la Junta Directiva de la CCSS que su presidenta devenga un salario de ¢7,1 millones mensuales de forma ilegal.
Este fue fijado irregularmente desde que asumió el cargo en setiembre de 2022, para cuando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tenía casi cuatro años de regir. Esa normativa establece que el salario total de los servidores públicos no puede superar los ¢5.565.000 mensuales, o el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos.
Hasta ahora, Marta Esquivel no ha devuelto los salarios pagados de más y, por el contrario, ha defendido en diferentes comparecencias sobre este tema convocadas por los diputados, que en su caso no se le ha dado el debido proceso.
También en el oficio de ocho páginas enviado al presidente legislativo, Esquivel alega que en su caso existe una “continuidad en el servicio público” pues antes de ocupar la presidencia de la CCSS fue ministra de Trabajo, y antes de eso trabajó como jueza y magistrada.
“(...) por lo que bajo el principio de ‘Estado como patrono único’ existe una continuidad en el servicio público”, afirma Esquivel.
En una comparecencia de este jueves 8 de febrero ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, denunció que el asunto del salario de Esquivel no ha sido resuelto por la Junta Directiva de la CCSS pues la presidenta ejecutiva ha ordenado que el tema quede en la agenda confidencial, cuya discusión no se transmite públicamente.
Marta Esquivel se ha resistido a devolver los montos recibidos de más pese a que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) dio la razón a la Contraloría sobre este asunto en respuesta a una consulta que Esquivel planteó.
Además, un criterio de la Dirección Jurídica de la Caja recomendó a la Junta Directiva de la institución declarar “inadmisible” la recusación planteada por Marta Eugenia Esquivel Rodríguez contra tres directivos por este tema: Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar.
Colaboró el periodista Aarón Sequeira