Escuchar
El plazo es perentorio. Solo faltan 56 días para que se produzca el cierre del ya agotado vertedero de Río Azul, de La Unión, y una serie de cuestionamientos técnicos, jurídicos y económicos amenazan la propuesta gubernamental para construir un relleno sanitario en Pozos de Santa Ana.
El lío para el Gobierno se da ante la negativa de la comunidad de Río Azul a aceptar una prórroga más al plazo para clausurar ese depósito con 23 años de historia y al que llegan más de mil toneladas de basura cada día. Bosco Vargas, administrador del relleno, dijo "no" a lo que sería una sexta postergación. El 12 de mayo Río Azul muere como basurero, expresó.
Y ante la desesperación gubernamental, emerge el escepticismo de varias municipalidades del área metropolitana -salvo la de San José- para ubicar en el tajo Hermanos Crexpo, en Honduras de Pozos de Santa Ana el depósito de los deshechos de toda el área metropolitana.
Varios ejecutivos municipales cuestionan la intervención del mandatario José María Figueres en este caso e incluso hablan de otras opciones, como rellenos regionales.
La cadena de obstáculos con que el Gobierno debe lidiar es mayor. De por medio hay un lío judicial por la posesión del tajo. También cuestionamientos técnicos a la selección de un terreno tan permeable. Y más, el establecimiento del vertedero en una zona de aproximación de aviones hacia dos aeropuertos, los cuales podrían verse en peligro si colisionan con aves depredadores atraidas por la podredumbre.
Pero el peor embrollo es la oposición de los habitantes de Santa Ana, San Antonio de Belén y alrededores. Ya para mañana se anuncia el bloqueo del paso a San José, a la altura del hotel Camino Real. Los habitantes fueron convocados a partir de las 2 a.m. A ello, el Gobierno ha respondido que no permitirá este tipo de acciones.
La instalación del depósito en esta comunidad se reafirmó luego de que Figueres descartara la otra opción: el cerro de Ochomogo, en la provincia de Cartago, que según él es una alternativa más cara por el gran consumo de combustible que exigiría a camiones recolectores que subirían hasta esa zona para deshacerse de la basura.
¿De quién es el tajo?
La compañía de capital mixto -estadounidense y costarricense- Waste Placement Professionals Continental de Costa Rica (WPP) afirma que una vez que se decida contratar el relleno en Pozos, estarían en capacidad de ponerlo a operar en un mes plazo.
Pero el contrato es decisión de la mayoría de las municipalidades del área metropolitana, que aun no han acordado adónde enviar su basura. Y no se vislumbra una pronta decisión -ver nota aparte-. Hasta ahora, solo la de San José ha dispuesto contratar servicios a WPP. Este municipio recoge aproximadamente 500 toneladas de deshechos cada día.
En esta carrera gubernamental contra el tiempo, el problema es que la propiedad del tajo hermanos Crexpo no está clara. WPP suscribió un contrato con la empresa Constructora Belén, como supuesta dueña mayoritaria del sitio, para llevar la basura hasta allí.
Según Luis Eduardo Herrera, gerente general de la constructora, ellos poseen el 87 por ciento del capital accionario y el resto, lo tienen otros socios, los hermanos Chanto Carvajal. Pero Juan Diego Chanto Carvajal asegura que no es así. Alega que la mayoría de acciones son suyas. Ante ello, hay una causa judicial para dirimir el conflicto en el Juzgado Cuarto de San José y en el Juzgado Segundo de Alajuela.
Los Chanto Carvajal advierten que mientras el caso no esté resuelto legalmente, el 13 de mayo no permitirán que ingrese ningún vehículo recolector de basura al terreno.
Saltan dudas técnicas
El anuncio de la ubicación del posible relleno se dio el lunes pasado cuando el Convenio Cooperativo Intermunicipal (COCIM), al que están suscritas las 12 municipalidades del área metropolitana preseleccionó a Pozos de Santa Ana y a Ochomogo de Cartago como zonas más viables.
Una comisión técnica del COCIM aseguró que el plan propuesto por WPP en Pozos obtuvo mejor calificación que el presentado por la firma española Industrial Valenciana de Tecnología (INVALTEC), en Ochomogo. Así lo dijo ese día el presidente del COCIM, el ejecutivo municipal de San José, Johnny Araya.
WPP propuso una tarifa de ¢1.750 por el tratamiento de cada tonelada métrica de basura. En este caso, sus ingresos diarios rondaría ¢1.750.000.000 si procesara las mil toneladas que como promedio genera el área metropolitana. INVALTEC ofreció una tarifa de ¢1.550 por tonelada métrica, lo cual significaría ¢1.555.000.000.
El experto en asuntos ambientales de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco León criticó algunas "inconsistencias" que tiene el estudio de impacto ambiental presentado por WPP ante la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio del Ambiente y Energía.
Sí y no de filtraciones
El viernes pasado, Pacheco presentó ante ese organismo su argumento, donde cuestiona el uso de un tajo como relleno sanitario ante la probabilidad de que se produzca una filtración de los líquidos producto de la descomposición de la basura hacia las aguas subterráneas.
Para él, el problema está en la proximidad de los acuíferos de Puente de Mulas, de donde se toma el agua de gran parte del área metropolitana.
Sin embargo, según la presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ana Gabriela Ross, esa institución hizo estudios que descartan riesgos de contaminación sobre esa importante toma de agua.
Otro de los puntos planteados por el biólogo es que el estudio de impacto ambiental no especifica qué tipo de material se va a utilizar para cubrir la basura diariamente en el fondo del tajo. Según Pacheco la grava es un material pobre para impedir el paso de insectos, la entrada de humedad, la salida de gas y como soporte de vegetación.
A César Castro Tames, de la Comisión Universitaria de Desechos, un organismo interinstitucional, le preocupa que se piense en Santa Ana como relleno central. A su juicio, ese tajo se podría emplear solo para albergar la basura de tres o cuatro municipalidades y no de las 12.
Asimismo, a ambos les preocupa que los datos socioeconómicos que incluye el estudio de WPP datan de hace 13 y 23 años, y no corresponden a la realidad de los últimos años.
En medio de estos líos y cuestionamientos es que la ubicación del depósito de basura del área metropolitana se torna en un fuerte dolor de cabeza para el Gobierno, al que solo le quedan 56 días para tenerlo en operación.
Radiografía empresarial
Varias empresas aparecen directa e indirectamente ligadas al tajo de los Ramírez Crexpo, en Pozos de Santa Ana, donde se pretende establecer un nuevo relleno sanitario.
En esta radiografía empresarial hay de todo: sociedades, fusiones, pugnas legales y deudas. Esta es parte de la historia.
La compañía Waste Placement Proffesionals (WPP), que propuso el plan para construir el relleno, es propiedad de Continental Waste Industries, de capital estadounidense y que se dedica al diseño, construcción y manejo de rellenos sanitarios en Estados Unidos y México. La compañía Ingeniería Omega de Costa Rica y WPP (Continental Waste Industries Inc.) hicieron una nueva sociedad y conformaron lo que se denomina WPP Continental de Costa Rica. En esa sociedad, el 85 por ciento de las acciones son de capital estadounidense y el 15 por ciento costarricense. Esta empresa de capital mixto es la que tiene bajo su responsabilidad la operación del relleno sanitario que opera en Alajuela. Para el plan en Pozos, WPP Continental de Costa Rica suscribió un contrato con la Constructora Belén como propietaria, supuestamente mayoritaria, del tajo Ramírez Crexpo con el propósito de explotar el terreno. (La Constructora Belén no forma parte de la sociedad WPP Continental.) El 87 por ciento de las acciones del tajo Ramírez Crexpo son de la Constructora Belén y el restante 13 por ciento de otros accionistas, entre ellos, los hermanos Chanto Carvajal, según dice Luis Eduardo Herrera Rivas, gerente de la constructora. Pero Juan Diego Chanto, uno de los hermanos Chanto, califican de falsa esa versión. Alega que la mayoría de acciones del tajo son de su propiedad y que serán los Tribunales de Justicia los que tendrán que decidir qué porcentaje de las acciones le corresponden a la Constructora Belén y cuál a ellos. Uno de los hermanos Chanto Carvajal, Luis Fernando, aun le adeuda más de mil millones al clausurado Banco Anglo Costarricense (BAC). Actualmente el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) tiene en su poder las acciones del tajo. Esto porque respondían por una deuda de más de ¢400 millones de los Chanto con esa entidad y el Anglo. Para liberar la deuda, tanto Constructora Belén como Chanto afirman haber saldado el dinero.
23 años
En 1973, Río Azul abrió como relleno y terminó convirtiéndose en un botadero de basura.
La cercanía de su cierre pone a los municipios contra reloj, pues no quieren repetir la experiencia de estos 23 años de improvisación:
Junio de 1991: El decreto ejecutivo 20429-MP-S-MOPT-MIRENEM, declara como emergencia nacional el manejo de la basura. 1992: Finaliza la vida útil del botadero de Río Azul. 18 de julio de 1992: Se recomienda Ochomogo para instalar el relleno. La comunidad se opone. 14 de setiembre de 1992: Río Azul se opone a que continue funcionando el relleno. Luego de negociaciones con el Gobierno, conceden la primera de cinco prórrogas. 17 de noviembre de 1992: el Gobierno anuncia La Uruca como posible vertedero. Los vecinos dicen ¡no!. La idea surge de nuevo en agosto de 1994, pero se descarta por el gobierno ante la presión comunal. Diciembre de 1992: sale la posibilidad de ubicar el relleno en Turrúcares de Alajuela. Nuevamente, la comunidad se opone. 15 de enero de 1993: el Gobierno escoge una finca en Cabezas de Esparza. Otro ¡no! comunal. Setiembre de 1993: Por primera vez se menciona Santa Ana como solución para el relleno. Marzo de 1994: surge Tres Ríos como una nueva posibilidad para el relleno. En julio se descarta el lugar. 17 de enero de 1995: Emerge el cantón de Mora como otra opción. El Gobierno cede, nuevamente, ante presiones comunales. Enero de 1996: Anuncian a Santa Ana y Ochomogo como posibilidades para el relleno. Desde entonces, los santaneños han efectuado manifestaciones en contra de la instalación.
Fuente: Centro de Documentación de La Nación.
