El Ministerio de Hacienda comunicó oficialmente a la Caja la incapacidad estatal para asumir el incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota de pensiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Se trata de unos ¢70.000 millones, según cálculos a marzo de este año. De esos, casi ¢30.000 millones corresponden a cuotas de trabajadores independientes.
Ante consultas de este diario, Martha Cubillo, viceministra de Egresos y tesorera nacional, afirmó que "la imposibilidad de pago se da ante el Estado de necesidad".
"Esto significa que no se puede seguir financiando gastos con deuda, por cuanto el país no ha logrado soluciones al déficit fiscal estructural. El Gobierno viene advirtiendo, desde hace varios años, que el crecimiento de la deuda pública es insostenible y su costo alarmante, tanto que los intereses a pagar durante el 2018 superan ¢1,3 billones.
"La solución va más allá de asumir la deuda: es establecer técnicamente si corresponde el aumento en el aporte estatal y si eso corresponde debe establecerse la fuente de ingresos para atender esta nueva obligación", explicó Cubillo, mediante la oficina de prensa.
Esa incapacidad de pago de Hacienda, la conoció la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en su sesión ordinaria del jueves 20 de setiembre, confirmó Mario Devandas, representante sindical ante ese órgano.
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"Se le había encargado al presidente ejecutivo (Fernando Llorca) hablar con el ministro (de Hacienda, Helio Fallas). El jueves pasado, tuvimos una discusión donde se nos comunicó la decisión estatal.
"La Junta mantiene en pie el acuerdo de aumentar el 0,66 y estableció una comisión técnica junto a personal de Hacienda para buscar una salida, aunque lo veo muy complicado", dijo Devandas a este diario.
El presidente ejecutivo de la Caja confirmó que el Ministerio de Hacienda sugirió crear una comisión conjunta.
Por medio de WhatsApp, Llorca explicó el objetivo del grupo: "Definir la viabilidad técnica, financiera y/o fiscal, social y jurídica de dicha reforma (la del aumento de 0,66)".
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Según el jerarca, la Junta Directiva acordó instruir a las gerencias Financiera y de Pensiones y a la Dirección Actuarial y Económica que reiteren al Ministerio de Hacienda los criterios técnicos sobre los cuales se basa el incremento de 0,66. Deben rendir un informe en un mes.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica al cual cotizan 1,5 millones de trabajadores y 83.442 patronos. El sistema cuenta con más de 225.984 jubilados.
Medida con efectos a corto plazo
El aumento de la cuota del Estado se decidió el 28 de julio del 2016 y rige desde el 1.° de setiembre de ese año.
Corresponde a un 0,66 adicional al 0,58 que el Estado venía pagando como parte de su aporte por cada trabajador. La cuota quedó en 1,24 puntos porcentuales, pero el ajuste no ha sido cancelado hasta ahora por el Estado.
Esta es una de las medidas acordadas por la Junta Directiva para inyectar recursos en el corto plazo al IVM, cuya sostenibilidad financiera ha sido cuestionada en diversos informes.
El último de ellos es un estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se advierte una posible crisis del sistema en el 2030 si no se realizan ajustes a variables como la edad de retiro, las cuotas y los beneficios.
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Recientemente, entró en vigor el primer aumento de 0,5 puntos porcentuales en la cuota obrera, que rige desde el 1.° de julio.
El segundo aumento de 0,5 entrará en vigor el 1.° de enero del 2018, y dejará el aporte obrero en 3,84%.
Ese foro espera presentar una propuesta de reforma a la Junta Directiva, órgano al cual se le pidió un mes más de tiempo, pues el plazo original vence el próximo 30 de setiembre.
De acuerdo con información facilitada por la Gerencia Financiera de la CCSS, la deuda total del Estado supera los ¢709.404 millones.
De esa cantidad, alrededor de ¢640.000 millones son el pendiente de pago del seguro de Salud (Enfermedad y Maternidad, SEM), y más de ¢69.747 millones del seguro de pensiones.
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Los datos corresponden al corte realizado a marzo pasado, según una certificación extendida por Edgar Ramírez Rojas, jefe del Área de Contabilidad Financiera de la Caja el 22 de junio anterior.
Sobre la deuda con el SEM, Cubillo aseguró que ya la CCSS tiene una respuesta oficial.
"(...) la presunta deuda no está determinada ni conciliada bilateralmente, por lo que no está registrada en el Ministerio de Hacienda.
"Algunos de los componentes que la CCSS indica ya fueron sujeto de acuerdo de pago, por lo que no corresponde incluirlos. Otros componentes están en sede judicial y serán los tribunales, a su debido tiempo, los que determinen la procedencia de la deuda", manifestó Cubillo.
Advertencias desde el 2016
Cuando trascendió el acuerdo de la CCSS, en julio del 2016, Helio Fallas elevó una protesta y criticó públicamente a esa institución por la medida.
Según el ministro, el plan se propuso como un subsidio y terminó convirtiéndose en un alza al aporte estatal que implicó una ola de aumentos en otros regímenes de pensiones, como el del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial.
Mario Devandas confirmó que hay preocupación en la Junta Directiva de la CCSS porque "si el ministro dice oficialmente que no puede pagar, esto tiene una serie de consecuencias".
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"Constitucionalmente, Hacienda está obligado a poner estos pagos en el presupuesto y él no lo puso. Hay una ley que dice que si no lo pone incurre en delito.
La deuda histórica ha sido con el seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), conocido como seguro de salud.