La Gerencia de Pensiones de la Caja revisará las objeciones contra el aumento de un punto porcentual en la cuota obrera para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), recibidas durante el periodo de consulta pública, que finalizó el 28 de abril.
Según informó la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz Madrigal, el proceso de análisis de la medida decretada por la Junta Directiva el 12 de enero aún no ha finalizado.
Ese día, la Junta decidió elevar de un 2,84% a un 3,84% el aporte de los trabajadores al IVM. Esta medida entraría a regir el próximo 1.° de junio.
El ajuste significará un ingreso anual extra de ¢100.000 millones.
"La Junta Directiva tomó una decisión hace varios meses y estableció un mapa de ruta que fue informado a la población. Incluía dos caminos. Uno, las decisiones del corto plazo, en donde está el tema del punto porcentual.
"Reglamentariamente, había que hacer una consulta pública, que terminó el día viernes. Yo esperaría que todas aquellas personas que tenían algún comentario alrededor de ese incremento no solo lo manifestaran públicamente sino que lo hicieran llegar formalmente a la Gerencia de Pensiones", explicó Sáenz Madrigal este martes al ser consultada por la prensa.
En los últimos días, grupos sindicales han manifestado su oposición a ese incremento y amenazan con bloquear la mesa de diálogo creada por la CCSS para estudiar la próxima reforma al IVM.
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Desde enero, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) presentó un recurso de reconsideración y nulidad al acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS sobre el aumento de un punto porcentual.
Este 1.° de mayo, tanto en la marcha de trabajadores como en la misa en la catedral metropolitana, el tema de la reforma fue uno de los más destacados.
En su homilía del Día del Trabajador, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, hizo un llamado para buscar a los responsables de la crisis en el IVM.
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Lo que sigue
De acuerdo con Saénz Madrigal, el paso que sigue ahora está en manos de la Gerencia de Pensiones, que debe analizar las objeciones recibidas durante el mes en que estuvo abierta la consulta pública.
"Con esto quiero decir que si bien el punto porcentual tenía una ruta, esta ruta está en proceso y no se ha concluido", aclaró Sáenz.
El aumento en la cuota forma parte de un paquete de medidas de corto plazo para asegurar la sostenibilidad del régimen de pensiones más importante del país, para el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores.
Las medidas de mediano y largo plazo, serán decididas en la mesa de diálogo que revisará la futura reforma al IVM. Esta mesa de diálogo comenzó a trabajar después de Semana Santa.
Dicho foro, integrado por representantes laborales, patronales y del Estado, tiene tiempo hasta el 17 de julio para presentar una propuesta de consenso o un abanico de propuestas de reforma a la Junta Directiva de la Caja, órgano que tomará la decisión final.
El documento base para esta discusión es el estudio actuarial preparado por especialistas de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ese estudio advierte una eventual crisis para el 2030 si la CCSS no hace ajustes en variables como la edad de retiro, el aporte de cuotas y los beneficios.
Según ese análisis, si no se hace una reforma, la reserva del fondo se agotaría en el 2030, 10 años antes de las proyecciones de la Caja.
Cuando se le preguntó a Sáenz si se daría marcha atrás al aumento en la cuota obrera, la funcionaria recalcó que la institución ha entrado en un proceso que se debe respetar.
"Se abrió la parte de diálogo, hay que esperar las observaciones que lleguen a la luz de la consulta que se hizo.
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"Este es un proceso democrático en el que tenemos que dar espacio a que nos manifestemos todos. Hay que esperar un poco a ver cuáles han sido las manifestaciones y no adelantarnos", insistió.
Sáenz dijo que, reglamentariamente, no hay un tiempo establecido para que la Gerencia de Pensiones se pronuncie sobre las objeciones recibidas.
Según cálculos publicados por este diario en enero, la cuota de un trabajador no calificado pasaría de ¢8.325 a ¢11.256 a partir de junio con al aumento acordado por la Caja.
