Los médicos que atiendan un caso de embarazo en el cual la salud de la mujer está en grave peligro tienen el derecho de acogerse a la llamada “objeción de conciencia”, la que les permitiría no realizar un aborto terapéutico si este “transgrede sus convicciones morales, religiosas, éticas y filosóficas”.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica así lo reiteró en un comunicado de prensa, la mañana de este lunes, en el cual reafirma la obligación de estos profesionales de “preservar la vida desde el inicio de la concepción hasta el mismo momento en que un ser humano exhale por última vez”.
Para ese Colegio, solo se puede practicar un aborto “cuando una grave y seria amenaza ponga en riesgo la integridad física y la vida de una mujer embarazada”.
No obstante, aun en esas circunstancias, el profesional puede negarse.
“Es un derecho humano y universal por el cual, el médico puede negarse a acciones que transgredan sus convicciones morales, religiosas, éticas y filosóficas. Es una decisión que debe ser plenamente respetada”, manifestó el presidente de se Colegio, Andrés Castillo Saborío.
La posición sobre el aborto terapéutico, también conocido como aborto impune, será dada a conocer oficialmente el próximo miércoles 24 de octubre por el Comité de Bioética de esa institución, durante una mesa redonda que se realizará a las 6 p. m., con representantes de diferentes sectores interesados en el tema.
En agosto del 2017, ese Colegio hizo oficial el criterio de su Comité de Bioética sobre ese tema, donde defendió la objeción de consciencia como un derecho contemplado en el artículo 14 de su Código de Ética.
En ese entonces, el Colegio calculó que en el país se podían realizar unos 26 abortos terapéuticos al año en mujeres cuya vida y salud están en riesgo si continúan con el embarazo. Los casos son pocos por la inseguridad jurídica para médicos y enfermeras obstétricas, únicos autorizados para interrumpir embarazos en esas condiciones.
Según reiteró ese Colegio, el procedimiento que se debe seguir incluye:
- Informar a la paciente de todos los riesgos de continuar el embarazo y de todas las opciones disponibles en ese momento según la evidencia científica y médica.
- Si la paciente decide someterse a un aborto impune, una junta médica del centro de salud debe revisar el caso.
- El médico debe dejar constancia documental de la decisión tomada por la mujer.
- Si la decisión es someterse a un aborto impune, el caso pasa a la Dirección Médica del hospital, que designa una junta médica integrada con médicos especialistas según la enfermedad que pone en riesgo a la paciente.
- Esa junta médica designada debe verificar la condición de riesgo de la mujer embarazada, así como la procedencia del consentimiento informado.
- Una vez que esa junta confirme la solicitud de aborto impune, la paciente será referida a su ginecólogo tratante para que proceda.
- Las instituciones prestadoras de servicios deben garantizarle al médico los recursos para la óptima atención de estos casos.
Tema de largo debate
El derecho al aborto impune está estipulado en el artículo 121 del Código Penal. Según ese artículo:
“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Actualmente, aunque el Código Penal permite emplear este procedimiento, en la práctica no se aplica porque la legislación costarricense no es clara sobre cómo llevarlo a cabo de forma segura, sin exponer a una sanción a los especialistas en Medicina.
Desde la administración anterior, se trabaja en la confección de una norma, pero el gobierno de Luis Guillermo Solís fue enfático en que no la aprobaría ni la implementaría “por decisión política”.
Este proceso se inició en el 2015 luego de que dos mujeres denunciaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que se violó su derecho a recurrir a la interrupción del embarazo por razones de salud, establecido en el artículo 121 del Código Penal.
En julio, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) mostró interés en revivirla, mientras que la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, también se ha manifestado sobre el asunto.
El presidente Carlos Alvarado reconoció que el tema del aborto no está en sus prioridades. Aclaró que, aunque el asunto está entre sus compromisos, por ahora está concentrado en darles solución a la crisis fiscal y a los problemas en seguridad, empleo e infraestructura.
“Quien quiera llevar la agenda allá, lo hace a sabiendas, no solo de que distrae la atención de estos temas prioritarios, sino que muchos, no quiero decir todos porque muchas personas lo hacen con convicciones, lo hacen porque saben que es la única forma que se pueden visibilizar y eso no está bien para Costa Rica”, manifestó Alvarado en julio.
“El Colegio reconoce el valor de la maternidad así como el ejercicio pleno de los derechos en salud sexual y reproductiva de toda la población.
“Siempre se debe privilegiar la vida y por ello, los médicos deben regirse por los principios éticos y jurídicos que la protegen en todos sus extremos, junto a otros valores como la salud y la dignidad de los seres humanos”, dijo Castillo Saborío.
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Para este colegio, “las políticas en salud sexual y reproductiva del país deben analizarse en un contexto integral que comprendan la educación para la prevención del embarazo no deseado, la anticoncepción, los derechos de la mujer inherente al embarazo, el parto y puerperio (período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto), las enfermedades no transmisibles y transmisibles vinculadas a la sexualidad y la reproducción asistida".
“La ausencia o ineficacia de dichas políticas y mucho menos los deseos de control de la natalidad, en absoluto justifican la interrupción voluntaria del embarazo como decisión exclusiva de la paciente, salvo en los casos en los cuales se ponga en peligro la integridad física o la vida de la madres", advirtió Castillo Saborío.