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Una condena judicial contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la obligará a pagar millones pluses salariales desde 1987 a los profesionales en Enfermería.
Un cálculo preliminar elaborado por un perito del Juzgado de Trabajo, estimó en ¢3.800 millones lo que podría recibir un primer grupo de 129 demandantes, informó José Luis Loría Chaves, directivo de la Caja y presidente de la Comisión de Pluses de la Junta Directiva.
Otros dos expedientes que ya están en camino incluyen 942 casos más.
De acuerdo con Loría, si se dieran todos los reclamos y se mantiene la decisión de las autoridades judiciales, eso tendría un impacto para la CCSS de cerca de ¢109.000 millones.
El proceso data del 2002, cuando estos profesionales acudieron a los tribunales de justicia para hacer valer el Estatuto de Servicios de Enfermería, vigente desde 1987.
Este reclamo, entre otras cosas, buscaba una equiparación salarial con funcionarios de la misma categoría que están bajo el Régimen del Servicio Civil.
Este primer grupo ganó el juicio en el 2010, cuando llegó a la instancia de casación laboral, que corresponde a la Sala II de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados les dieron la razón a los demandantes y condenaron a la Caja a hacer el pago.
Ese expediente es el que ahora está en fase de ejecución de sentencia, en la cual se calculan los montos. Esta podría prolongarse incluso más que el juicio.
Cálculos. Aunque no se manejan todavía las cifras exactas, está claro que serán cientos de millones que golpearán las finanzas de la Caja.
De acuerdo con Rónald Lacayo, gerente administrativo de la institución, los técnicos están haciendo sus estimaciones.
“Estamos en un proceso minucioso en el cual debemos tomar cada caso, mes por mes, salario por salario, remontarse a 1987 y determinar cuánto sería desde nuestro punto de vista”, explicó.
El interés de revisar los datos en profundidad aumentó luego de que Recursos Humanos tomó una muestra de seis casos y encontró diferencias del 40% en relación con los resultados del peritaje.
Para Gilberth Alfaro, director jurídico de la entidad, se trata de un margen error demasiado amplio.
“Esto no es un asunto de ir a cobrar un cheque y ya. Tenemos todo un litigio contable de cosas que han transcurrido en el cual no sabemos dónde vamos a quedar parados”, dijo.
La revisión supone una “cantidad significativa” de operaciones aritméticas y de revisión de expedientes en todo el país, apuntó Mario Cajina, jefe del Área de Gestión Judicial de la Caja.
La Nación intentó conversar con voceros de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), pero no atendieron las llamadas.
Otra amenaza. Para José Luis Loría, esta condena se suma a una serie de amenazas que afronta la institución.
“La sostenibilidad del régimen de Salud está influenciada por fallos de jueces. Manifiesto mi indignación y una profunda tristeza, de que este tipo de acciones estén afectando tan directamente las finanzas”, afirmó.
Esto ocurre en momentos en que se registra una expansión en gastos salariales, específicamente en el seguro de salud, uno de los factores que incidieron para la crisis del 2010.
El gasto total de la planilla de la entidad autónoma fue de ¢645.500 millones entre enero y agosto del 2015, esto fue un 9% superior al del 2014.
Para el 2016, la CCSS tiene un presupuesto de ¢3,2 billones, con los cuales hace frente a la atención de la salud en Ebáis y hospitales y pago de pensiones.
