Keyna Calderón. 10 noviembre, 2020
Helman Rojas Guillén (fuera de foco) tiene 35 años y se dedica a la agricultura. Está muy preocupado por una deuda que debe pagar a la CCSS por una prueba de covid-19 que le realizaron en el hospital de Cartago. Foto: Keyna Calderón
Helman Rojas Guillén (fuera de foco) tiene 35 años y se dedica a la agricultura. Está muy preocupado por una deuda que debe pagar a la CCSS por una prueba de covid-19 que le realizaron en el hospital de Cartago. Foto: Keyna Calderón

Helman Rojas Guillén, de 35 años y quien se dedica a la agricultura, está muy preocupado por una deuda que debe pagar a la CCSS por una prueba para detectar la covid-19 que le realizaron en el hospital de Cartago.

Este padre de cuatro hijos recién pasó la cuarentena junto a su familia, en Buenos Aires de Pacayas, en Cartago, y como él dice salió “premiado”.

Además de contraer el virus, el Hospital Max Peralta le está cobrando la prueba y un monto adicional porque debe el pago del seguro desde hace dos meses.

En total, la CCSS le reclama ¢263.475, de los cuales ¢186.904 son por la prueba. Este examen en un laboratorio privado ronda, en promedio, los ¢50.000.

Según comentó a La Nación, lo que más le indigna es que le cobraron más de lo que cuesta una prueba de estas en una clínica privada.

Todo inició el sábado 24 de octubre cuando empezó a sentirse mal, con síntomas como ahogamientos mientras se encontraba trabajando.

“Antes pagaba el seguro porque tenía a mi esposa asegurada por problemas de salud. Ella paga su propio seguro desde hace dos meses y con eso cubre a los chiquitos. Yo, pensando que nunca lo iba a ocupar, dejé de pagarlo”, reconoció.

Pero salió positivo por covid-19, por lo que envió a su cuñada a pagar el seguro a Pacayas para estar al día.

Ahí, se llevó la sorpresa de que, además de la deuda por el seguro, le estaban cobrando la prueba para detectar el nuevo coronavirus y la atención recibida en el hospital cartaginés.

“Me dijeron que tengo un año para pagar, pero que corren los intereses y yo así sin poder salir de mi casa no puedo ir a hablar para resolver este problema”, comentó la semana anterior.

La Nación consultó al Hospital Max Peralta.

Guillermo Mendieta Ramírez, subdirector del centro, manifestó por medio de su oficina de prensa, que los asegurados en mora reciben atención, pero requieren cancelar los servicios o llegar a un arreglo de pago.

Mendieta aclaró que, según decreto ante la declaratoria de la pandemia, solo se traslada el monto de la atención médica al Estado cuando la persona no tiene del todo contrato de aseguramiento.

El subdirector no se quiso referir al caso en específico por respeto a la confidencialidad del paciente.

Rojas, por su parte, asegura que los seis miembros de su familia estaban en aislamiento tras contraer la enfermedad.

El día en que él comenzó con los síntomas recorrió el Mercado de Mayoreo y también fue a Guápiles, Limón, a vender sus productos.

La mayor preocupación, dice, es no contar con la capacidad financiera para enfrentar la deuda.

“No sé qué hacer ni a quién acudir porque tengo entendido que a nadie se le debe cobrar esta prueba y vea con la sorpresa que me vengo a enterar. Y estoy muy preocupado por esto, al igual que mi esposa”, agregó el agricultor.

Colaboró la periodista Ángela Ávalos