La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un adulto mayor en 2023, contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones públicas para obligarlas a continuar con los estudios preliminares y el plan de construcción del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.
Ese proyecto fue paralizado en marzo del 2023 por la Junta Directiva de la CCSS, encabezada entonces por Marta Esquivel Rodríguez, sin tener estudios técnicos y financieros que justificaran la decisión.
Los magistrados concluyeron, por mayoría, que al suspender esa obra quedó en evidencia que la Caja vulneró “los derechos fundamentales de las personas adultas mayores”.
“Esta decisión afecta de manera directa derechos esenciales como la salud, la igualdad y la dignidad de la población adulta mayor, al privarles del acceso a una infraestructura adecuada para la atención de sus necesidades”, indicó el tribunal constitucional en un comunicado de prensa.
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El recurso de amparo declarado con lugar por los magistrados fue apoyado por 1.200 firmas. Entre quienes suscribieron la iniciativa están cientos de pacientes que sufren las limitaciones debido al mal estado de la infraestructura actual, que incluye un edificio de hospitalización sin las condiciones adecuadas de seguridad, y otro donde se ubican la consulta externa especializada, el hospital de Día, laboratorio y farmacia, entre otros servicios.
El recurso también lo firmaron jerarcas de varias entidades públicas y organizaciones como la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), la Asociación Costarricense de Alzhéimer, la Asociación Pro Hospital de Geriatría y Gerontología (Apronage) y la Municipalidad de San José.
“En un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no es aceptable justificar la ineficiente prestación de un servicio tan esencial como la salud bajo el argumento de limitaciones financieras o presupuestarias”, expuso la Sala.
Preocupación por hospital geriátrico
Alicia Avendaño, presidenta de la Junta de Salud del centro médico manifestó su satisfacción ante la resolución de los magistrados.
“Estamos muy contentos con la decisión de la Sala Constitucional, deja en evidencia la clara necesidad del Hospital”, enfatizó.
Agregó que, al presentar el recurso de amparo, mostraron pruebas de la urgencia de levantar un nuevo centro médico y mejorar los servicios que reciben los adultos mayores.
Ahora, la CCSS tendrá dos meses, a partir de la comunicación de la sentencia, para concluir los estudios de factibilidad del nuevo hospital.
Este diario le envió consultas a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, pero al cierre de esta información no han dado respuesta.
La semana pasada, el Cuerpo de Bomberos inició un proceso de diagnóstico para determinar si las instalaciones reúnen los requisitos suficientes para la operación, así como para la evacuación de pacientes en caso de un incendio o sismo. El informe estaría listo en dos semanas.
La inspección obedece a una solicitud planteada por la Junta de Salud del Hospital y por la diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la comisión legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor. La gestión se realizó ante la preocupación sobre el riesgo que representan las condiciones actuales del inmueble.
“En este momento el proyecto se trabaja en dos frentes, el primero es la declaratoria de interés público para la expropiación de terrenos necesarios para el proyecto y segundo en la etapa final de la preinversión del proyecto.
“Para lo primero hay que esperar a que haya Junta Directiva para que valoren la declaratoria de interés público de los terrenos y en cuanto a la segunda se está finalizando el programa funcional para luego finalizar los demás análisis de los estudios de preinversión”, declaró la CCSS en un correo electrónico.