El Cuerpo de Bomberos comenzó este jueves una evaluación de dos días del sistema antiincendios del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes.
Los funcionarios emitirán un diagnóstico que establecerá si estas instalaciones reúnen los requisitos suficientes para la operación, así como para la evacuación de pacientes en caso de un incendio o sismo. El informe estaría listo en dos semanas.
La inspección obedece a una solicitud planteada por la Junta de Salud del Hospital y por la diputada Katherine Moreira Brown, presidenta de la comisión legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor. La gestión se realizó ante la preocupación sobre el riego que representan las condiciones actuales del inmueble.
“No pretendemos que cierren el hospital, sino contar con las recomendaciones necesarias para implementar un plan de contingencia para una operación segura de las actuales instalaciones. Esto sería la base para que se establezca la declaratoria de emergencia para la construcción de la nueva sede”, explicó Amalia Vargas Rojas, colaboradora de la Junta de Salud del centro médico.
Declaratoria de emergencia por falta de Ley 7600
El centro médico ya tiene una declaratoria de emergencia que constata que el inmueble no cumple con las disposiciones de la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad) ni posee salidas de emergencias ante un eventual incendio o sismo.
En diciembre, tanto la diputada como la Junta de Salud presentaron ante la Sala Constitucional un documento con varias pruebas. En él se solicita ordenar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la declaratoria de emergencia para la construcción de la nueva sede de este centro médico.
Asimismo, se presentan pruebas de hacinamiento, falta de especialistas y ausencia de infraestructura básica para la atención de las necesidades de los pacientes.
Este escrito se adicionó al recurso de amparo que se tramita en el expediente 23-015793-0007-CO contra la CCSS, el cual está en estudio.
El informe de Ingeniería de Bomberos se remitirá tanto a la Junta Directiva de la CCSS como a la Sala Constitucional como prueba para mejor resolver del amparo pendiente de resolución.