El tribunal ordenó al alcalde de Osa, Mainor Anchía Angulo, y a Daniela López Rivera, encargada a. i. del Departamento de zona marítimo terrestre, ejecutar las actuaciones necesarias para atender la situación. La Sala advirtió sobre la posibilidad de remitir el caso al Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional si persiste el incumplimiento.
La resolución responde a una gestión presentada por el abogado, Karl Villalobos Hoffmann, quien alegó el incumplimiento de una sentencia anterior. Según su planteamiento, personas regresaron a ocupar irregularmente la zona marítimo terrestre de Playa Dominical desde el 21 de marzo del 2026.
El abogado Villalobos explicó previamente a La Nación que la disputa se relaciona con la presencia de viviendas improvisadas, toldos, ventas y otras estructuras dentro de la zona marítimo terrestre. Según relató, los vecinos acudieron a la vía constitucional después de realizar reiteradas solicitudes al alcalde para la recuperación del espacio público.
El antecedente se remonta a la sentencia N.° 2025-037551, del 14 de noviembre del 2025. En esa ocasión, la Sala declaró con lugar un recurso y dio a las autoridades municipales un plazo de cuatro meses para abordar, tramitar e inspeccionar la playa señalada en la denuncia.
Durante el trámite de la gestión de desobediencia, la Municipalidad de Osa rechazó que existiera inactividad. El gobierno local informó bajo juramento sobre una serie de inspecciones y operativos ejecutados durante el 2026.
Una inspección del 20 de febrero identificó cerca de 30 puestos comerciales en un tramo de 300 metros de la zona pública de Playa Dominical, según la información municipal incorporada al expediente.
Posteriormente, el 6 de marzo, las personas que realizaban actividades comerciales irregulares desalojaron voluntariamente el área. La municipalidad retiró estructuras improvisadas y amarres, limpió el sector e instaló 19 rótulos informativos en unos 300 metros de playa.
El gobierno local también informó sobre un nuevo operativo efectuado el 13 de mayo del 2026 con participación de funcionarios municipales y tres agentes de la Policía Turística de Playa Dominical.
En esa intervención se localizaron estructuras temporales, tiendas de campaña y otras ocupaciones no autorizadas. Las autoridades retiraron objetos y estructuras, identificaron a las personas presentes y detectaron casos reincidentes que ya recibieron advertencias en una intervención anterior.
Pese a esas actuaciones, la Sala Constitucional concluyó que no se constató el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la sentencia de noviembre del 2025. El tribunal tomó en cuenta que las propias autoridades municipales reconocieron que el problema no se solucionó de forma definitiva.
La municipalidad informó de que trabaja en un plan estratégico de operación conjunta con Fuerza Pública, Policía de Migración, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Fiscalía Ambiental y el Ministerio de Salud, según la documentación.
También ,señaló que pretende impulsar acciones administrativas y judiciales contra personas identificadas por ocupar o utilizar irregularmente la zona pública costera. La estrategia busca mantener controles y realizar operativos interinstitucionales en el sector.
Ante la persistencia de las ocupaciones, la Sala reiteró que las autoridades de Osa deben inspeccionar la playa denunciada y, si comprueban infracciones, adoptar todas las medidas necesarias dentro de sus competencias para proteger la zona marítimo terrestre.
