La Sala Constitucional advirtió al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, que en caso de no acatar una sentencia dictada en el 2024, sobre problemas de infraestructura en el barrio La Cañada, en el distrito San Rafael, remitiría el caso al Ministerio Público. Esta es la segunda ocasión en que el alto tribunal ordena al municipio cumplir ese fallo.
En el 2024, los vecinos de ese barrio presentaron un recurso de amparo contra el ayuntamiento, alegando que un camino histórico de aproximadamente cuatro kilómetros (km), que conecta Ojo de Agua con el distrito de San Rafael en el cantón central de Alajuela, no cumple con las condiciones mínimas de seguridad.
Argumentaron que la vía tiene apenas cinco metros de ancho, carece de caños, alcantarillado pluvial y aceras, y que su capa de asfalto presenta numerosos huecos. Esto también provoca, según los denunciantes, que haya inundaciones cuando llueve muy fuerte.
En la sentencia N.° 2024-014817, de mayo del 2024, los magistrados constitucionales fallaron a favor de los vecinos y ordenaron solucionar definitivamente los problemas de ese barrio en un plazo de tres meses. Sin embargo, la solución definitiva no ha llegado, pese a que ha transcurrido más de un año desde ese fallo.
Ante ese incumplimiento, los vecinos presentaron una primera gestión de desobediencia y, en mayo del 2025, la Sala constató que la municipalidad había realizado algunas labores para cumplir con su mandato. Aún así le ordenó “culminar las obras dentro del cronograma establecido e informar a ese Tribunal sobre el avance y la culminación de ellas”.
Sin embargo, las obras aún no han concluido. Ante esa situación, en setiembre pasado, por segunda ocasión, un vecino interpuso una gestión de desobediencia, entonces el municipio remitió a ese tribunal una serie de documentos para probar que habían realizado gestiones para cumplir con la sentencia.
Alegó además, que un tercero interpuso un interdicto y dada una medida cautelar, que se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se habían retrasado las obras.
Y por último, argumentó que, pese a que la alcaldía incluyó el proyecto en un presupuesto extraordinario, supuestamente la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto eliminó la partida.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que no se había cumplido a cabalidad la sentencia que ellos dictaron y decidieron acoger la gestión de desobediencia.
Además de Thompson, la Sala Constitucional también advirtió al presidente municipal, Francisco Sánchez Gómez; y al coordinador del Subproceso de Gestión Vial, de apellidos Moya Argüello, cumplir con lo fallado.
A todos les alertó que de no cumplir podrá “ordenar el testimonio de piezas ante el Ministerio Público por el delito previsto en el artículo 71 (sobre la desobediencia), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
‘La meta es concluir a finales del 2026′
Roberto Thompson aseguró que ya está previsto que las obras concluyan a finales del 2026 y que es una prioridad para el ayuntamiento. No obstante, reconoció que su avance depende de la aprobación de más recursos en el Concejo Municipal.
“La meta es concluir el proyecto a finales del 2026 (…). Necesitamos que el Concejo apruebe los recursos para las etapas restantes”, recalcó.
Detalló también que obra se ha ejecutado por etapas debido a su alto costo y a la complejidad de la intervención, que incluye trabajos pluviales, construcción de aceras, cordón y caño, así como la recuperación total de la vía.
Thompson afirmó que volverán a solicitar recursos en el primer presupuesto extraordinario del próximo año. Según sus cálculos, aún faltarían alrededor de ¢1.500 millones para finalizar el proyecto, divididos en dos etapas que se ejecutarían durante el primer y segundo semestre del 2026.
‘Se está trabajando’
El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Francisco Sánchez, por su parte, aseguró que “efectivamente el proyecto La Cañada se ha venido desarrollando los últimos tres años por etapas, porque es un proyecto que cuesta unos ¢5.000 millones”.
Según detalló, este año se asignaron ¢800 millones que “están en ejecución” y aseguró que se prevé destinar más recursos en el próximo presupuesto extraordinario, respetando la planificación por etapas.
“Es mentira que no se está trabajando”, afirmó, y añadió que algunos retrasos se deben a un proceso judicial interpuesto por un tercero relacionado con aceras, que afectan aproximadamente 200 metros del proyecto.
Sobre los plazos de finalización de la obra, Sánchez indicó que no puede precisar una fecha exacta, pero reiteró que los trabajos continúan y que los recursos serán asignados progresivamente.
“Desde el principio se planteó por etapas, porque no se tenían los recursos necesarios. Este año asignamos ¢800 millones y cuando se termine esa etapa asignaremos más presupuestariamente para continuar con la obra hasta que se concluya”, dijo el presidente municipal alajuelense.
Finalmente, enfatizó en que la gestión se realiza considerando la distribución equitativa de fondos entre los 14 distritos del cantón.
Sánchez remitió a este medio varios videos y fotografías que, según él, evidencian el avance de la obra.
Nota del editor: Esta información se actualizó a la 1:08 p. m. con declaraciones del alcalde Roberto Thompson.