Recursos de amparo por acceso a servicios de salud crecieron un 13,4% en 2024
Cantidad de asegurados que buscan ayuda de la Sala Constitucional ante deficiencias de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no para de crecer.
Especialidades como Oftalmología, que de por sí tienen largas listas de espera, se podrían ver más afectadas con la renuncia masiva de médicos especialistas de la CCSS. JoseDiaz
El número de asegurados que tuvo la obligación de presentar recursos de amparo ante la Sala Constitucional por la lentitud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en su atención médica no para de crecer. En el 2024, los magistrados recibieron 15.074 gestiones de pacientes que buscaban cirugías, exámenes médicos o consultas con especialistas para mantener su salud, la cifra es 13,4% mayor al 2023.
De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, entre el 2013 y el 2023, los recursos de amparo por reclamos contra CCSS crecieron 862%.
La presión de los asegurados sobre el sistema judicial buscando respuesta a sus problemas de salud sobrepasa las previsiones de las autoridades. Por ejemplo, en octubre del 2023, Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, estimó que cerrarían ese año con poco más de 10.000 quejas en materia de salud, pero en total recibieron 13.298, equivalente a un 39,3% de todos los recursos de amparo ingresados ese año. En el 2024, la cantidad de recursos de amparo asociados a salud representó un 41% del total de asuntos presentados ante los magistrados.
De los 15.074 recursos de amparo atendidos por los magistrados en el 2024, 9.416 fueron declarados con lugar, equivalente al 62,5%. De los 13.298 recursos correspondientes al 2023, 9.239 fueron declarados con lugar por los altos jueces, lo cual representa un 58,8%.
Más de 15.000 recursos de amparo recibió la Sala Constitucional de personas que exigían ser atendidas ante los problemas de listas de espera en la CCSS. (JoseDiaz)
La mayoría de las quejas presentadas por los asegurados están relacionadas con personas que, cansadas de esperar, buscan que la Sala Constitucional obligue a la CCSS a realizarles una cirugía, en segundo lugar están quienes requieren cita con especialistas y en tercer lugar quienes aguardan otro tipo de atención médica.
En números absolutos, de los 15.074 recursos de amparo, 5.596 eran de pacientes que exigían una cirugía, 3.718 una evaluación de especialistas, 2.736 otros tipos de atenciones médicas y el restante se divide entre personas que aguardaban por exámenes médicos, vacunas o insumos médicos como prótesis, sillas de ruedas y otros.
Entre el 2013 y el 2019, los reclamos tramitados ante ese alto tribunal tuvieron un comportamiento oscilante. Sin embargo, a partir del 2020 las estadísticas se dispararon de forma considerable. Por ejemplo, del 2019 al 2020 pasaron de 3.385 a 7.000, es decir, un 106% más entre un año y otro.
En el 2021 y el 2022, las gestiones continuaron en crecimiento con 8.696 y 9.878 casos, respectivamente.
Mientras los recursos de amparo de pacientes siguen en aumento, la CCSS no encuentra la fórmula para reducir las listas de espera. Un informe de la CCSS, elaborado en agosto del 2023 por especialistas de la Gerencia General, reveló que 1.958 pacientes fallecieron mientras aguardaban un campo para someterse a una cirugía en algún hospital público.
Según el análisis, esas personas fueron excluidas de las listas de espera de diferentes especialidades médicas, solo entre enero y julio del 2023. La cifra da una idea de la dimensión del problema, pero la cantidad de asegurados que mueren esperando por atención es mayor, ya que el mismo informe reconoce que los 1.958 pacientes registrados no fallecieron en el periodo señalado, sino que el sistema de salud se dio cuenta de su deceso hasta ese momento.
Además,en junio del presente año,un informe de la Auditoría Interna de la CCSS puso al descubierto el fracaso de la llamada “Ruta de la Salud” para reducir las listas de espera de pacientes que esperan por algún servicio médico. Ese reporte llamó la atención por el incumplimiento de varias medidas propuestas por la Presidencia Ejecutiva, la cual ejercía la abogada Marta Esquivel Rodríguez.
De 38 medidas planteadas en una hoja de ruta aprobada por la Junta Directiva desde el 11 de mayo del 2023, apenas nueve tenían, hasta ese momento, estatus de “razonablemente cumplidas” (24%) en estos 14 meses. Además, había 10 incumplidas (26%) y 19 en proceso con fuertes observaciones por parte de los auditores y sin que se conociera una fecha para su cumplimiento, indicó el informe emitido el 24 de junio.
