El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, y varios integrantes del Consejo Universitario protagonizaron un intercambio de cuestionamientos durante la sesión del martes 8 de setiembre, por las competencias de ambas instancias en torno a decisiones salariales de la institución.
Integrantes del órgano colegiado cuestionaron la posición asumida por el rector y defendieron su facultad para fiscalizar la gestión institucional.
Uno de los cuestionamientos provino de la integrante Ilka Treminio Sánchez, quien señaló la necesidad de mantener canales de diálogo y un trabajo coordinado entre la Rectoría y el Consejo Universitario. Además, cuestionó que no existiera un acercamiento para conversar sobre las inquietudes de la Rectoría antes de que la controversia trascendiera a medios de comunicación.
“No son tiempos para maltratar a los órganos de control; son tiempos para relegitimar, exactamente el trabajo institucional que se hace en espacios como este Consejo Universitario”, señaló Treminio.
Durante la sesión, Araya respondió que la Rectoría no pretende tener supremacía sobre el Consejo Universitario. Explicó que ambas instancias poseen funciones distintas establecidas en el Estatuto Orgánico y defendió el derecho de la Administración a impugnar decisiones que considere contrarias a sus competencias.
El rector también rechazó los cuestionamientos sobre la exposición pública del conflicto. Según explicó, la Rectoría respondió consultas de medios de comunicación después de que Semanario Universidad informó sobre el acuerdo y, posteriormente, sobre el recurso presentado por la Administración.
¿Qué originó el enfrentamiento?
La discusión tiene como antecedente un acuerdo que el Consejo Universitario adoptó el 1.° de setiembre. El órgano solicitó estudiar mecanismos jurídicos, administrativos y presupuestarios para extender un ajuste salarial del 1,5% por costo de vida a toda la población trabajadora de la UCR.
Araya no compartió esa decisión y presentó un recurso interno de revisión en el que solicita anular la decisión. Sostiene que la Ley Marco de Empleo Público impide otorgar aumentos salariales a los funcionarios con un salario compuesto que esté por encima del salario global de su respectivo puesto.
Durante la sesión del martes, Araya señaló que existe un acuerdo del propio órgano colegiado, adoptado en diciembre del 2015, que atribuye a la Rectoría la resolución de asuntos laborales y salariales.
El Consejo Universitario sostiene una interpretación diferente. En un pronunciamiento repasado durante la sesión, señaló que el Estatuto Orgánico le atribuye funciones como establecer políticas de asignación de fondos, aprobar el presupuesto y fiscalizar la gestión institucional.
El órgano recordó además que el presupuesto institucional del 2026 incluyó una previsión para el ajuste por costo de vida y que esa propuesta recibió el voto favorable de todos los integrantes presentes, incluido el rector.
Colaboró el periodista Sebastián Sánchez.
