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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) instó a la Administración a que busque los mecanismos jurídicos, presupuestarios y reglamentarios para extender un ajuste salarial del 1,5% por concepto de costo de vida a todas las personas trabajadoras de la institución.
El acuerdo unánime fue tomado el pasado 1.° de setiembre y fue propuesto por el representante del sector administrativo, Hugo Amores.
La instancia se produjo luego de que, el 22 de julio, la Rectoría emitiera la resolución R-383-2026 en la que reconoció un ajuste del 1,5%, con carácter retroactivo a enero 2026, únicamente para 3.000 funcionarios; lo que excluyó a otros 7.000, un 70% de los funcionarios.
Según la Rectoría, la decisión responde a los límites que impone la Ley Marco de Empleo Público.
Consultado por La Nación, el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, advirtió de la posible ilegalidad de seguir el camino propuesto por el CU.
“Eso implicaría desatender el marco legal vigente y los análisis en que nos basamos para emitir la resolución de ajuste salarial que va de la mano con lo establecido en la Ley de Empleo Público”, dijo Araya.
La Ley de Empleo Público establece que quienes devengan un salario compuesto superior al salario global de su puesto serán excluidos de cualquier incremento salarial hasta que el salario global los alcance.
¿A quiénes se les ajustó el salario?
Según la resolución de Rectoría, se reconoció el ajuste:
- Funcionarios docentes y administrativos que se encuentran en el esquema de salario compuesto, siempre que su salario total ordinario no supere el monto de salario global aplicable para la clasificación del puesto y mientras no supere los demás topes salariales vigentes.
- Funcionarios administrativos que hayan estado remuneradas bajo el esquema de salario global.
El rector alegó que el ajuste no es una medida ajena a otras instituciones públicas, pues, según afirmó, entidades del Estado también han aplicado modificaciones salariales similares.
El aumento general definido por el Consejo Nacional de Salarios para los salarios mínimos del sector privado en el 2026 fue de un 1,63%.
Consultado por La Nación, Hugo Amores, integrante del Consejo Universitario de la UCR, explicó que el acuerdo aprobado no ordena a la Rectoría realizar directamente un nuevo pago, sino que la insta a explorar mecanismo para las personas que quedaron excluidas.
Amores dijo que el 1,5% no debe ser considerado un aumento salarial, sino un ajuste para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Según explicó, el objetivo es compensar parcialmente lo que las personas trabajadoras han dejado de percibir por efecto de la inflación durante los años en que los salarios han permanecido congelados.
En su criterio, existen dudas sobre la aplicación de las restricciones de la Ley Marco de Empleo Público frente a lo establecido previamente en la convención colectiva. “El derecho laboral debe ser progresivo y no regresivo y, ante dudas técnicas o jurídicas, se tiene que aplicar la norma más favorable al trabajador”, manifestó.
Recordó que, para 2026, el Consejo Universitario (CU) aprobó ¢2.535 millones destinados al pago del ajuste por costo de vida para todos los funcionarios en dos tractos, a inicios de año y a mitad. Por ello, de aprobarse el reconocimiento del ajuste para la totalidad de la planilla, no sería necesario asignar un nuevo presupuesto, dijo.
Agregó que el Sindicato de Empleados de la UCR también busca que el ajuste sea para todos los funcionarios.
“El acuerdo del CU es un avance en la defensa del salario y abre el camino para que se reconozca y pague el 1,5 % de ajuste por costo de vida a toda la clase trabajadora de la UCR, pero un acuerdo no puede quedarse en el papel”, señaló el sindicato en sus redes sociales tras el acuerdo del CU.
La Rectoría y Hugo Amores coincidieron en que los funcionarios de la UCR no han recibido otros aumentos salariales durante el 2026. El ajuste por costo de vida del 1,5% decretado por la Rectoría en julio pasado es el primero aplicado este año.
¿Qué dice el acuerdo?
El acuerdo aprobado sustenta la solicitud en la autonomía universitaria otorgada por la Constitución Política a la UCR, en criterios de la Oficina Jurídica (OJ) y en la Convención Colectiva de Trabajo de esa institución.
En específico, refieren al artículo 9, que autoriza a la UCR a aplicar ajustes por el costo de vida para “mantener la calidad de vida de las personas trabajadoras, sin afectar el sano equilibrio de las finanzas institucionales en el corto, mediano y largo plazo”.
El Consejo Universitario (CU) le otorga a la administración 15 días naturales para que articule una mesa técnica institucional integrada por diferentes instancias de esa casa superior de estudios con el propósito de identificar y documentar las alternativas que permitan alcanzar el aumento salarial para todos los funcionarios.
Asimismo, solicitó a la Rectoría que, dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, remita al CU un informe técnico-jurídico y financiero que contenga la ruta propuesta para atender a las personas trabajadoras que no fueron comprendidas en la Resolución R-383-2026.
“En caso de determinarse que alguna población no puede ser incorporada de inmediato, el informe deberá señalar de manera expresa y suficientemente motivada los impedimentos concretos, las alternativas examinadas y las acciones normativas, administrativas o jurisdiccionales que podrían permitir superar dichos obstáculos”, dice el acuerdo.
