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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, defendió el pago retroactivo de ¢7.873 millones en anualidades, aprobado a finales de noviembre pasado. Recalcó que se trata de una “deuda” histórica con el personal y que no se violentó ningún ley.
Por el contrario, insistió en que la decisión tuvo el visto bueno de, al menos, cuatro órganos internos. No obstante, no descartó que la Contraloría General de la República (CGR) pueda opinar distinto sobre la legalidad de ese millonario desembolso.
“Tiene potestad de verificar y fiscalizar cualquier acción que hayamos realizado. No descarto que haya diferencia de criterios”, afirmó Araya Leandro, en una entrevista con La Nación, en la que también aseguró que acataría cualquier decisión del órgano contralor, incluso, la posibilidad de que pida recuperar el dinero pagado.
El desembolso de esos ¢7.876 millones lo aprobó, de manera unánime, el Consejo Universitario a finales de noviembre del 2025, a pesar de que la CGR había advertido a Araya Leandro, de que sería contrario a la ley.
El rector insiste en que eso no es verdad y en que el dinero pagado no reconoció las anualidades que se suspendieron entre el 2021 y el 2022 por la emergencia causada por la covid-19.
En consecuencia, dijo, no se infringió la ley que la Asamblea Legislativa promulgó, por aquella época, para congelar dicho incentivo en todo el sector público, a fin de atenuar las consecuencias económicas de la pandemia (Ley N.° 9908).
También, negó que se estuviera violentando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas pública (N.° 9635) —la reforma fiscal—, que data de diciembre del 2018 y su reglamento de febrero del 2019.
La mejor decisión de su paso por la universidad
Araya Leandro explicó que en julio del 2020, al asumir la rectoría de manera interina, decidió destinar ¢3.500 millones previstos para incrementos salariales —incluida la anualidad de ese año— a la compra de computadoras y tabletas para algunos estudiantes y reforzar el sistema de becas.
“Yo tomé la decisión de que esos recursos que eran para el incremento salarial, se fueran a becas. Todo el mundo estuvo de acuerdo”, afirmó y recalcó que ha sido la mejor decisión de su paso por la universidad.
Entonces, aseguró, lo que se pagó, en diciembre pasado, no son anualidades del 2021 y del 2022, sino la anualidad del 2020 que él decidió no pagar antes de emitirse la ley de austeridad y el efecto acumulativo que esa “deuda” tuvo a lo largo del 2021 y el 2022.
Ese efecto, dijo, se produjo por no haber pagado en el 2020 una anualidad del 3,75% como estaba estipulado en la convención colectiva de la universidad y la diferencia en los dos años siguientes.
Bajo es lógica, ese no pago también tuvo un efecto en el 2021 y el 2022, y también en los demás años hasta la fecha, pero todavía no ha sido reconocido, aseveró, por falta de recursos.
Para explicar lo sucedido, él usó un ejemplo hipotético.
Señaló que si a un trabajador le pagaron ¢20.000 de anualidad en el 2020, de acuerdo con la reforma fiscal, pero le tocaban ¢60.000, según la convención colectiva, la diferencia acumulada de ¢40.000 mensuales es lo que se pagó en diciembre.
Esa diferencia no se reconoció solo una vez, sino que se fijó en cada mes desde el no pago, lo cual produce un incremento continuo de ese rubro en las remuneraciones.
“Eso es el efecto del reconocimiento de la anualidad del 2020. No es que estoy pagando anualidad del 2021, del 2022, del 2023, ni la del 2024. Es el efecto acumulativo desde el 2020. A esa persona le pagamos ¢20.000 de anualidad cuando según la convención colectiva le correspondían ¢60.000. Cada mes hay una diferencia de ¢40.000”, detalló Araya Leandro.
“Puedo garantizar tajantemente que la anualidad del 2021 no se pagó por la Ley N.° 9908. La del 2022 tampoco”, agregó.
Lo que advirtió la Contraloría
La Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Pública rige desde diciembre del 2018 y con ella, los topes de anualidades del 1,94% para profesionales y del 2,54% para no profesionales, por debajo del 3,75% que establece la convención colectiva de la UCR.
Frente a esa cronología, la deuda que el rector indica como origen del pago podría no ser tal, dado que la reforma fiscal fue anterior al no pago alegado por Araya.
Incluso, 20 días antes de que el Consejo Universitario aprobara el pago, la Contraloría había advertido al rector Ayara Leandro, en el oficio DFOE-CAP-2066-2025, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es de orden público y que la autonomía universitaria no posee inmunidad frente a los límites de gasto que impone.
“Tanto la Sala Constitucional como la Procuraduría General de la República han establecido que las universidades públicas deben ajustar sus regímenes de incentivos y sus normas convencionales a los límites previstos en la ley, conforme con el principio de legalidad y en observancia del marco de responsabilidad fiscal vigente”, consignó en ese oficio Humberto Perera Fonseca, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Capacidades del ente contralor.
Todas las universidades públicas cuestionaron desde el inicio que esa ley les aplicara y presentaron en el 2019 un proceso contencioso-administrativo para demostrarlo. Ese proceso impidió el pago de anualidades en enero del 2020 en la UCR.
Araya Leandro relató que él decidió el no pago de ese plus mientras la UCR y otras universidades reclamaban en la vía contencioso-administrativa que el título III de esa ley no les aplicaba.
No obstante, reconoció que, posteriormente, la universidad optó por acogerse a esa normativa y sus topes de anualidades en el 2020 por razones de sostenibilidad financiera y no jurídicas.
“Este no es un tema del contencioso, es un tema de necesidad institucional. Si no, no salíamos”, comentó.
Sin consulta previa a la CGR
Sobre la advertencia hecha por la Contraloría, Araya Leandro reconoció que no informó al Consejo Universitario y tampoco acudió a la Procuraduría General de la República o consultó adicionalmente a la CGR.
Alegó que ninguna otra universidad pública recibió objeción de la CGR por pagar la anualidad del 2020, según su convención colectiva, por lo que consideró innecesaria la consulta.
“¿Para qué íbamos a hacer la consulta, si teníamos claro que a las otras universidades no les habían hecho ningún ajuste por pagar la anualidad en el 2020 como la pagaron? Solo la Universidad de Costa Rica no la había pagado”, explicó.
Además, confirmó que todos los avales que respaldaron la modificación presupuestaria son de órganos de la UCR: la Contraloría Universitaria, la Oficina Jurídica y la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios del Consejo Universitario.
También se le consultó si la Contraloría Universitaria tuvo acceso al oficio DFOE-CAP-2066-2025 que le enviaron a él, pero indicó que lo desconoce.
CGR contradice a rector
El 5 de marzo, La Nación consultó a la CGR si el oficio DFOE-CAP-2066-2025 —dirigido a la Universidad Nacional con copia a Araya Leandro el 5 de noviembre— era una advertencia vinculante y específicamente aplicable al caso de la UCR, o si se trató de un mensaje general de carácter informativo.
La CGR respondió que el oficio fue enviado con copia a los demás rectores “para hacer de su conocimiento la posición de la CGR”, en el que se comunicó que la Ley N.° 9635 es de orden público y prevalece sobre disposiciones en convenciones colectivas que sean incompatibles.
El CGR incluso citó en ese oficio dictámenes reiterados de la Procuraduría General de la República en esa misma línea (C-060-2019, C-281-2019 y C-103-2020).
