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Más de 38.000 hogares costarricenses enfrentan actualmente un severo impacto económico, con recibos de agua que se han duplicado debido a una nueva metodología tarifaria que los clasifica como condominios.
Así lo confirmó la Defensoría de los Habitantes a través de un comunicado en el cual solicita a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) frenar estos cobros.
El impacto en el bolsillo
Según una intervención técnica de la Defensoría, la aplicación de la resolución tarifaria RE-0008-IA-2025 provocó que la facturación mensual de estos usuarios pasara de un promedio de ¢24.146 a más de ¢51.071, a pesar de mantener niveles de consumo similares.
El problema afecta específicamente a propiedades con dos o más unidades habitacionales que comparten un único medidor residencial. A estos hogares se les clasifica como si fueran condominios, por lo que se les aplica una tarifa comercial correspondiente a “grandes consumidores” (macromedidor) en lugar de la residencial.
Específicamente, la resolución detalla:
“Grandes Consumidores Residenciales (GCR): aplica para todos los abonados residenciales del servicio de acueducto (condominios verticales, horizontales, apartamentos, caseríos, etc.) a los cuales se les realiza la medición de sus consumos mediante un macromedidor por parte del prestador del servicio, de conformidad con el Reglamento Técnico: “Prestación del suministro de los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes” que se encuentre vigente".
En estos casos, el consumo total del medidor se ubica dentro de bloques tarifarios más altos —de 0 a 519 m3, de 520 a 1315 m3 y más de 1316 m3— definidos por la Aresep. Debido a que el consumo se calcula de forma conjunta para todas las viviendas conectadas al mismo medidor, el volumen total suele ubicarse en rangos superiores de la estructura tarifaria, lo que incrementa el costo final que pagan las familias en la factura.
La solicitud de la Defensoría
La Defensoría calificó esta clasificación como un “mecanismo de extracción de rentas” que penaliza desproporcionadamente al usuario y solicitó a la Aresep la suspensión inmediata de estos instrumentos tarifarios.
Además, la institución criticó a la Intendencia de Agua de la Aresep por postergar una solución definitiva desde octubre de 2025.
Recientemente, la Intendencia solicitó nuevos plazos de hasta dos meses alegando complejidad técnica. Ante esto, la Defensoría enfatizó que el tiempo que tome el ente regulador no debe correr en contra del presupuesto de las familias, quienes se han visto forzadas a recortar gastos esenciales para evitar el corte del servicio.
AyA asegura que advirtió a Aresep sobre el impacto
En respuesta a las denuncias de la Defensoría y a las declaraciones públicas de la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, quien cuestionó esta metodología durante una intervención en la Asamblea Legislativa, el AyA emitió un comunicado aclarando que la institución no define la metodología de facturación ni las tarifas, ya que esta es una competencia legal exclusiva de la Aresep.
Como operador, el AyA señaló que su responsabilidad se limita a aplicar las resoluciones vigentes. Sin embargo, la institución afirmó haber advertido oportunamente que esta tarifa generaría un impacto negativo en caseríos y edificaciones compartidas.
“El AyA advirtió a la Aresep que la aplicación de la tarifa para grandes consumidores podía generar impactos, no solo en condominios sino también en caseríos o edificaciones donde varias viviendas se abastecen de un solo medidor”, explicó Raquel Aglietti , directora de la Unidad Estratégica de Negocios de Servicio al Cliente en la GAM del AyA.
El AyA indicó que a pesar de que solicitó espacios de diálogo y sostuvo reuniones técnicas con la Intendencia de Agua, el ente regulador decidió ratificar la aplicación de la metodología y del esquema tarifario vigente, y que cualquier modificación en la estructura de cobro debe ser analizada y definida por la Aresep.
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes advirtió que se mantendrá vigilante a la respuesta integral sobre la ruta y el cronograma que la Intendencia de Agua prometió entregar a más tardar el 26 de marzo de 2026.
*La Nación realizó la consulta a la Aresep para conocer su posición al respecto, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
