La disposición final de la basura de los costarricenses cambiará. El Ministerio de Salud ya no permitirá que las municipalidades lleven sus residuos sólidos a lugares que estén a más de 80 kilómetros de distancia.
Esta semana se publicó el Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y entró a regir con su publicación. El reglamento divide al país en siete regiones, las mismas del Ministerio de Planificación (Mideplan).
“Esto ya da directrices específicas radios de acción para que no actúen como gobiernos locales independientes, sino como regiones, para que así puedan eficientar los recursos y dejar de ser irresponsables y tirar la basura a otras regiones”, destacó Mary Munive Angermüller, ministra de Salud.
Sin embargo, son pocas las opciones para disponer de los residuos. En todo el país hay siete rellenos sanitarios, pero con una vida útil cada vez menor, debido a la cantidad de desechos generada.
Trasladar cientos de kilómetros los residuos sólidos ya es algo usual desde hace años. Por ejemplo, la basura de los habitantes de Osa recorre 355 kilómetros hasta el Parque de Tecnología Ambiental (PTA, popularmente conocido como “relleno sanitario”) Aczarri, entre Aserrí y Desamparados. Debido al cierre de otros lugares, este relleno vio su vida útil acortada a menos de la mitad en cuestión de meses, paso de siete a tres años.
El peso sobre los rellenos en el Valle Central también han provocado que la empresa EBI, que opera los dos PTA de San José y el de Limón, deba llevar desechos hasta el Caribe. Hasta 175 toneladas viajan 172 kilómetros por semana desde la Estación de Transferencia en La Carpio hasta el terreno de Limón.
“Nadie quiere tener la basura cerca, pero todo el mundo produce y ¡muy bonito! Pagamos para tirar la basura al cantón de a la par o a uno todavía más lejos. Y ya hay lugares que están teniendo problemas porque no tienen dónde ir a dejar su basura”, añadió.
El reglamento da un año a las regiones para tener un sitio para disponer sus desechos.
Decreto Residuos Sólidos.pdf Este es reglamento de Gestión de Residuos Sólidos
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¿Cómo se disponen los residuos en este momento?
Munive hizo un recorrido por las diferentes regiones del país y los lugares en donde los diferentes cantones disponen sus desechos.
Chorotega. Este lugar sí cuenta con un relleno sanitario, en el cantón de Santa Cruz. Este lugar ya recibe la basura de casi todos los cantones. No obstante, Upala y Liberia envían sus residuos a Tecnoambiente, en Montes de Oro, Puntarenas. El contrato de ambos gobiernos locales vence en diciembre, a partir de ese momento tendrían que disponer sus desechos en Santa Cruz.
“A partir de diciembre, los camiones que se ubiquen fuera de la región van a tener sanciones”, puntualizó Munive.
Esta última parte se hará en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Quienes transiten por lugares del país que no les correspondan podrían exponerse también a que les bajen las placas.
Huetar Atlántica. Tienen un PTA en Limón que ya recibe los residuos de toda la región.
“Ellos ya hicieron un esfuerzo para gestionar sus residuos, y no tienen por qué recibir desechos de alguien más”, destacó la ministra.
Brunca. No tienen un relleno sanitario, y envían a Aczarri y Tecnoambiente. Tampoco tienen tecnologías que les permitan tratar los residuos. Algunos tienen prórroga de recolección de basura hasta por cuatro años y vencerían en el 2028, fecha en la que la misma Munive pone en duda si los rellenos de la GAM estarán vigentes para ese momento.
Pacífico Central. Ellos tienen el PTA Tecnoambiente en Montes de Oro. El problema, destacó la jerarca, son las islas, ya que no tienen recolección de basura. En este caso, las personas se ven obligadas a quemarla, lo cual es un incumplimiento por parte de la municipalidad.
Región Huetar Norte. Tienen un relleno sanitario en Florencia de San Carlos y se autogestionan.
Región Central. Esta es la más complicada, indicó Munive, no solo por la cantidad de gente que vive, sino porque la vida útil de los rellenos sanitarios actuales no dará más allá de unos tres años. Además, no hay terrenos que se visualicen para construir nuevos lugares.
Sitios que estuvieron propuestos, como en Turrúcares y el Jateo de Mora se han descartado por diferentes razones.
“Se ha esperado más de 10 años para que ellos (los gobiernos locales) hagan lo que tienen que hacer”.
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Fiscalización
De acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, el Ministerio de Salud, como ente rector, debería cerciorarse de que cada gobierno local cumpla con los siguientes parámetros:
- 1,3 kilos de residuos por habitante.
- Que el 25% de los desechos puedan revalorizarse (es decir, reciclar el 25% de lo recibido). La meta es hacerlo en cinco años plazo.
- Que la cobertura de cada gobierno local sea de al menos 94%.
Cada gobierno local es el responsable de reportar estos datos al Ministerio a través de una ventanilla digital. Sin embargo, no todos lo han hecho.
De 84 gobiernos locales, 45 (el 53,57%) sí lo presentaron, 10 lo hicieron de forma incompleta y 29 no lo presentaron. Munive señaló que a quienes incumplieron se les dieron, a partir de este viernes, 10 días hábiles para cumplir. De no hacerlo, se les girará una multa por ¢462.200. Además, se les puede clausurar la municipalidad y se verá como desobediencia tanto del alcalde como del presidente del Consejo Municipal.
En cuanto al reciclaje, hay desequilibrios en las diferentes municipalidades. Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), señaló que el porcentaje de revalorización a nivel nacional es del 4%. Sin embargo, hay gobiernos locales a los que catalogó como modelo. Citó a San Rafael, en Heredia, donde ya se está en el 24%, o Pérez Zeledón, donde se recicla el 19%. No obstante, hay otros lugares donde no se llega al 0,6%.
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¿Qué dicen los alcaldes?
Bernal Vargas Araya, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), comentó que los agremiados están a favor de la sectorización del tratamiento y la gestión de los residuos, pero tienen algunas dudas.
“Especialmente nos preocupa sobremanera el plazo máximo de un año que se da para que las regiones que no cuenten con un PTA o una planta den una solución. Sabemos que en este país es prácticamente imposible, en un año, ir adelante con un proyecto de esta magnitud. Debe ubicar el terreno, comprarlo, lograr la viabilidad ambiental y construirlo. Es un punto que debió revisarse”, manifestó.
Luna señaló que se consultó con las municipalidades y se desarrolló un estudio que se presentará próximamente.
“El reglamento traerá orden, pero implica una obligación para gobiernos locales, comunidades y personas para ordenamiento. Sin ese ordenamiento no podremos enfrentar lo que sucederá con la situación en los rellenos sanitarios. Necesitamos seguir trabajando y las municipalidades cuentan con nuestro apoyo”, destacó.