Estados Unidos ha convertido la deportación de migrantes en una herramienta central de su política exterior, al negociar con terceros países para que reciban personas expulsadas desde su territorio.
Así lo señala un reportaje del The New York Times, que documenta cómo diplomáticos estadounidenses han sido instruidos para poner sobre la mesa una amplia gama de incentivos durante estas negociaciones.
El 23 de marzo, el presidente Rodrigo Chaves firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.
Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, mediante el cual se trasladará a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en Estados Unidos.
Así lo anunció el gobierno costarricense tras la visita de la enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem, quien suscribió el acuerdo en su condición de secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Noem es la promotora de las polémicas redadas antimigrantes en su país.
Aunque el reportaje del The New York Times no menciona a Costa Rica, su contenido resulta ilustrativo para entender el tipo de acuerdos que el país ha comenzado a suscribir con Estados Unidos.
Incentivos a países
Según el medio norteamericano, Washington estaría ofreciendo desde financiamiento a fuerzas de seguridad, apoyo en servicios públicos y transferencias económicas, hasta alivio de restricciones de visas, reducción de aranceles y mejoras en la relación bilateral con Estados Unidos.
Incluso, según documentos citados por el medio, la lógica es clara: a mayor disposición de un país para recibir migrantes, mayor sería el respaldo ofrecido por la administración estadounidense.
Los acuerdos de recepción de migrantes no son iguales, pero sí comparten un patrón. En el caso de El Salvador, por ejemplo, Washington transfirió millones de dólares tras aceptar migrantes deportados.
Además, el país recibió una mejora en su calificación de seguridad por parte del Departamento de Estado, lo que impacta directamente en su imagen internacional y en la percepción de riesgo para turistas e inversionistas.
Para Guinea Ecuatorial, el beneficio incluyó el levantamiento temporal de sanciones contra su vicepresidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, lo que le permitió viajar a Estados Unidos, así como transferencias económicas por al menos $7,5 millones.
En la República Centroafricana, Estados Unidos destinó cerca de $85 millones a programas vinculados a migración, incluyendo la construcción de centros para albergar personas deportadas.
El reportaje también advierte que estos acuerdos no se limitan a aliados tradicionales. En varios casos, se han concretado con países que enfrentan cuestionamientos por violaciones a derechos humanos o un débil Estado de derecho.
Además, muchos de los migrantes son enviados a territorios donde no tienen vínculos, lo que ha derivado en situaciones de detención o condiciones precarias, según testimonios y documentos recopilados por el medio.
Esta estrategia responde a una limitación clave para Estados Unidos, la cual es, según el NYT, la imposibilidad de devolver a ciertas personas a sus países de origen por riesgos de persecución, lo que ha llevado a buscar terceros países que asuman sus asuntos migratorios.
Acuerdo con Costa Rica
La Nación reveló el acuerdo suscrito por el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem. Según el documento, del cual este medio tiene copia, el Gobierno de Estados Unidos notificará a Costa Rica el envío de migrantes deportados con al menos 48 horas de antelación a cada vuelo, y el país deberá responder “sin demora”.
Además, San José podrá rechazar o aceptar la propuesta remitida por el gobierno de Donald Trump, tanto en su conjunto como por cada caso. Sin embargo, deberá hacerlo “sin demora”.
“Cuarenta y ocho (48) horas antes de un vuelo de traslado propuesto, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Embajada de los EE. UU en San Jose, tiene la intención de enviar al Gobierno de la República de Costa Rica el manifiesto de vuelo con las personas cuyo traslado se ha propuesto”, dice el documento firmado.
Ese manifiesto deberá indicar “nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y antecedentes penales” de los deportados, "en la medida en que los Estados Unidos cuenten con esta información”.
Sin embargo, el documento recalca que esto únicamente se indicará “de estar disponible”.
Costa Rica se reservó el “derecho” de indicar en qué aeropuerto y la hora en que recibirá a las personas migrantes. Además, de reservarse el derecho de aceptar o rechazar a cualquier persona.
Solamente personas de terceros países, es decir, no estadounidenses, podrán ser enviados al país.
El acuerdo podrá ser suspendido en cualquier momento por cualquiera de los gobiernos, siempre que informe previamente a la otra parte.
Respecto a la cantidad de personas que el país recibirá, la cláusula 2.1 firmada por Chaves indica que: “El Gobierno de la República de Costa Rica podrá decidir exceder este número a su discrecióny, en tal caso, se lo informaría a los Estados Unidos”.
El documento señala que Washington, a traves de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), compensará al país por los gastos en que se incurra. No obstante, el acuerdo no lo establece en términos categóricos, sino en forma de expectativa.
Según el memorando firmado, no se crean “derechos u obligacionesen virtud del derecho internacional o nacional, incluso con respecto al desembolso u obligación de fondos, sino que estará sujeto a la disponibilidad.
También se documenta que las actuaciones se realizarán en apego al derecho internacional.
Además, se prohíbe cualquier persecución o discriminación de cualquier tipo al Gobierno de Costa Rica. Sin embargo,el país no se asegura de que las personas migrantes deportadas no hayan sufrido ninguno de estos tratos en Estados Unidos.