Más de 75.000 vehículos (en su mayoría motocicletas) saturan los depósitos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
La capacidad de la institución para desinscribir y disponer de los automotores no reclamados es de alrededor de 2.000 por año.
A ese ritmo, limpiar esas instalaciones para contar con espacio suficiente para albergar los nuevos vehículos que se decomisan en operativos de tránsito, tomaría más de 35 años, según reconoció el director jurídico de ese consejo, Carlos Rivas.
De acuerdo con Rivas, el principal problema radica precisamente en el trámite legal ante el Registro Nacional, para poder desinscribir los vehículos y que así puedan ser recolectados como chatarra, por medio de la empresa contratada para ese fin.
“El inconveniente es que en su mayoría los vehículos que se retienen y que no los retiran es porque tienen algún gravamen o problema legal, entonces para poder desinscribirlos en el Registro Nacional y poder disponer del vehículo hay que limpiar totalmente el vehículo de esas cosas. Este es un asunto tedioso porque hay que hacerlo de uno en uno”, explicó.
Según Rivas, actualmente solo cuentan con 8 funcionarios para realizar dichas gestiones legales.
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Según el funcionario, aunque se han dado casos en los que los propietarios quieren recuperar sus vehículos años después de que este quedó abandonado en los depósitos, la legislación establece que tres meses después de que la boleta de tránsito queda en firme, el Cosevi puede disponer del vehículo. No obstante, en estos casos también dependerá de si al momento en que aparezca el propietario ya se había completado la desinscripción.
Los carros que se logran “limpiar” a nivel registral, son entregados a una empresa que se encarga de disponer de estos como chatarra.
Rivas explicó que este servicio no genera costos para la Administración, pues la empresa no recibe un pago por la gestión de los vehículos, sino que lo que obtiene por esa chatarra corresponde a su retribución. Además, debe entregar una parte de esas ganancias al Cosevi.
Los recursos se invierten en la compra de cascos seguros para motociclistas que ese consejo entrega en comunidades o empresas mediante programas de educación vial.
Debido a los citados problemas, esa gestión no resulta suficiente para hacer frente a los ingresos de nuevos automotores. Por ejemplo, citó el director legal, un solo operativo puede generar hasta 150 ingresos.
Entre las posibles soluciones que se han valorado a nivel institucional se encuentra un reforma que permita agilizar los procesos de notificación de desinscripción de vehículos en aquellos casos donde ya se hayan cumplido plazos de prescripciones legales. Además, también se analiza la posibilidad de contratar empresas que realicen dichas gestiones administrativas.
En una sesión de junta directiva del Cosevi, realizada el pasado 8 de marzo, los miembros de ese consejo discutieron la problemática. En esa oportunidad, según consta en el acta, se detalló que se ha buscado el acercamiento con otras instituciones para solicitar colaboración con personal, pero no se ha tenido éxito.
Asimismo, el mismo Rivas indicó en esa reunión, que se había planteado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para modificar los requisitos y procedimientos de desinscripción mediante la contratación de servicios externos, pero esta contratación requiere autorización legal y financiamiento, por lo que se está buscando la aprobación del proyecto y la liberación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda.
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Carros pasan hasta 20 años en delegaciones de tránsito
La saturación de los depósitos también impacta las delegaciones de tránsito, donde los vehículos, cuya estadía debería ser transitoria, se quedan por décadas.
Según el director de Tránsito, Oswaldo Miranda, los carros y motos que retienen en los operativos deberían estar tres meses en los planteles del tránsito, que es el tiempo que establece la ley para que las sanciones queden en firme y de no apelarse o retirarse pasen a manos del Cosevi a fin de que este disponga de los automotores como chatarra, sin embargo esto no ocurre.
Miranda citó que anualmente la Policía de Tránsito genera entre 10.000 y 15.000 detenciones, que contrastan con los 2.000 espacios que según el Cosevi logra liberar en ese período.
“Eso nos genera órdenes sanitarias porque las delegaciones de Tránsito no están diseñadas para custodia. La custodia es una responsabilidad meramente del Cosevi”, agregó el director de Tránsito.
Las órdenes sanitarias obedecen a que estos vehículos son criaderos de mosquitos, serpientes y otras plagas, además generan riesgos de incendios en los predios aledaños a las estaciones del tránsito.
Según Miranda, algunas delegaciones tienen acumulados hasta 2.000 vehículos, algunos de ellos con hasta 20 años de estar detenidos.
Pese a esta situación, el jefe del tránsito aseguró que los operativos de tránsito se mantienen. Actualmente, ese cuerpo policial inició una “campaña” específicamente dirigida a la intervención de motocicletas, según dijo, solo el último fin de semana se decomisaron más de 200 vehículos de este tipo.
“Nosotros no podemos decirle al conductor se la vamos a perdonar porque no hay espacio, si se sanciona un vehículo que amerita la detención, lo vamos a hacer porque así lo indica la norma, lo que sí es un tema que tiene muchos años”, reconoció.
Para poder ejecutar estos operativos, se realizan reacomodos en los patios y se llegó a un acuerdo con el Cosevi de modo que en esos depósitos también se hagan ajustes y así ir trasladando los vehículos al tiempo que se decomisan.
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El mes pasado, la Policía de Tránsito anunció que intensificaría los operativos, especialmente para contrarrestar las llamadas “caravanas” de motos que se convocan a través de redes sociales y toman las rutas nacionales, sin ningún tipo de control y en muchos casos al margen de la ley. En esa oportunidad se indicó que se contaba con al menos 2.000 cupos para estos vehículos.