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El gobierno negó tener algún compromiso o negociación unilateral con los sindicatos de la CCSS tendiente a ablandar el proyecto que frenaría los abusos en las huelgas.
Así lo afirmó esta tarde el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, tras consulta de La Nación.
“Nosotros no tenemos ningún compromiso con los sindicatos de salud. Lo que ha habido es un compromiso, un espacio de trabajo en que han estado participando sindicatos de educación, de salud y otros sindicatos", aseguró el jerarca.
El diálogo al que se refiere Morales incluye a los diputados impulsores de la reforma, los liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleni León, con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio de Trabajo.
Esa negociación dio como resultado que la educación haya sido excluida de una lista de servicios esenciales en los que se prohíben las huelgas.
“Para la claridad, la Presidencia de la República no tiene una negociación con los sindicatos de salud con relación a este expediente. Hay un espacio de negociación de diputados de la Asamblea (Legislativa) con organizaciones laborales que ha funcionado un par de semanas atrás y que ya le está llegando su parte final porque el proyecto ha llegado a su parte final para la votación", reafirmó Morales.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Steven Núñez, también negó negociación alguna con los sindicatos. Afirmó que el Ministerio no ha solicitado cambio alguno y que la mesa de negociación con la OIT no se ha vuelto a reunir.
El proyecto que frena los abusos en las huelgas, propuesto por Benavides, se tramita por vía rápida y fue dictaminado con cinco votos a favor y uno en contra, el 9 de agosto, en la comisión especial.
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La reforma permitiría rebajar los salarios en forma retroactiva a quienes participen en huelgas que sean declaradas ilegales, pues actualmente los jueces interpretan que los rebajos solo se pueden aplicar después de la declaratoria de ilegalidad, aunque esta ocurra meses después de iniciado el movimiento.
El proyecto también propone disolver sindicatos que bloqueen vías o saboteen servicios, además de que prohibiría las huelgas contra políticas públicas, es decir, las que no son contra reclamos imputables al patrono.
La iniciativa establece una lista de servicios esenciales como los de salud donde no se permite la huelga, porque su interrupción pone en riesgo la vida, salud y seguridad de las personas.
En ese sentido, el patrono queda obligado a someterse a un arbitraje para resolver el conflicto.
También, incluye otros dentro de una lista calificada como servicios trascendentales, donde se permiten estos movimientos en los que los funcionarios en huelga deben garantizar un esquema mínimo de prestación de servicio y las manifestaciones tendrán una duración máxima de diez días. Tal es el caso de la recolección de basura, por ejemplo.
En el caso de la educación, definida como servicio “estratégico”, los trabajadores deben de establecer un plan de servicios mínimos antes de irse a la protesta, como mantener abiertos los centros educativos, habilitar servicios de alimentación, seguridad y de limpieza.
En ese sentido, el proyecto define a los comedores escolares como servicio esencial, es decir, donde se prohíbe la huelga.
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Aunque Morales negó cualquier negociación unilateral con los gremios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), encaminada a ablandar el proyecto, sí fue claro en que el gobierno respaldaría algún otro acuerdo que surja de la mesa de trabajo enm la que media la OIT.
“Si en esa mesa de trabajo es posible construir un acuerdo extra, si es posible construir un acuerdo, nosotros respaldamos y avalamos eso. Nosotros, unitaleralmente no estamos sentados en una mesa de negociación con ningún sector. El espacio de negociación y de diálogo es este que auspició, en su momento, el ministro de trabajo y la OIT, me parece que hay una reunión para los próximos días”, puntualizó.
