El viceministro de Trabajo encargado de la Economía Social Solidaria, Luis Diego Aguilar Monge, recibió casi ¢29 millones por un sobresueldo que no le correspondía cobrar.
A él se le pagó el incentivo de prohibición desde que asumió el cargo, el 17 de octubre del 2018, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales.
Ese plus equivale a un 65% del salario base y fue creado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en 2004, para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan, de manera paralela, sus profesiones liberales.
A esa conclusión llegó una investigación interna del Ministerio de Trabajo, la cual fue remitida al despacho de la ministra Silvia Lara, el pasado 12 de enero, según confirmó la oficina de prensa de esa cartera, ante una consulta de La Nación.
“En días recientes, se finalizó una investigación preliminar que estableció que, en efecto, se realizaron pagos de más en el componente salarial del viceministro Aguilar”, señala el correo electrónico enviado a este medio la noche de ayer lunes.
La investigación concluyó que Aguilar no está nombrado como viceministro, sino que aparece en el puesto de director ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype).
Al no ocupar la plaza como tal y solo disponer del rango de viceministro, no puede cobrar el incentivo de prohibición, pues no ocupa ninguno de los cargos que pueden recibir ese plus salarial, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
“De conformidad con lo señalado por la Procuraduría General de la República en el dictamen número C-049-2003, el hecho de dotarle de rango de viceministro a un funcionario, no le da el derecho de por sí de ser remunerado como tal; ergo, tampoco de recibir los incentivos propios de dicho rango, como el caso que nos ocupa, el de prohibición”, explicó la oficina de prensa de Trabajo en otro correo enviado este martes.
También, se indicó que ya se instauró “un proceso de investigación disciplinaria” para establecer quién o quiénes fueron los funcionarios responsables de haber realizado esos pagos de más a Aguilar.
El órgano conformado para ese fin tendrá un mes para trasladar los cargos a las personas investigadas y dos meses para emitir una resolución.
Al mismo tiempo, la ministra Lara le solicitó a la Dirección Administrativa Financiera que se estime el monto exacto pagado de más y a la Dirección Jurídica que se determine el mecanismo para el reintegro de esas sumas.
Este medio intentó hablar con Aguilar, pero este remitió cualquier consulta a la oficina de prensa del ministerio.
¢1,1 millones mensuales por plus
Desde su designación en octubre del 2018, el viceministro Aguilar ha cobrado, al menos, 26 salarios mensuales en los que se incluyó el incentivo de prohibición, según las planillas institucionales que Trabajo subió a su sitio web.
Allí consta que el jerarca recibe, al mes, un salario bruto de poco más de ¢3 millones como director ejecutivo del Pronamype.
También, se desglosa que, de ese monto, ¢1,1 millones responden al incentivo de prohibición, el equivalente a un 65% de su sueldo base de ¢1,7 millones.
Bajo esa lógica, si se multiplica esa suma por esos 26 meses, da como resultado ¢28,6 millones pagados de más.
Antes de ser viceministro de Trabajo y Seguridad Social encargado del área de Economía Social Solidaria, Luis Diego Aguilar se desempeñaba como director de Economía Social Solidaria en la misma cartera ministerial.
En el gobierno pasado fue asesor de la primera dama Mercedes Peñas Domingo y director de despacho del viceministerio de Paz.
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Ocho casos similares en el gobierno anterior
Esta no es la primera vez que un jerarca de gobierno cobra de manera indebida el incentivo por prohibición. En la administración anterior, la de Luis Guillermo Solís (2014-2018), ocurrió lo mismo con tres ministros y cinco viceministros, quienes en total cobraron ¢189 millones en sobresueldos ilegales.
Se trató de los entonces ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, quienes cobraron ¢36,5 millones cada uno durante los tres primeros años de su gestión, así como de su par de Turismo, Mauricio Ventura, quien recibió ¢25 millones.
Los otrora viceministros involucrados fueron Ana Gabriel Zúñiga, de la Presidencia, con ¢27 millones; Víctor Barrantes, de Paz, con ¢30,2 millones; Gina Paniagua, de Agricultura, con ¢12 millones; y Carmen Muñoz, de Gobernación, y Ana Cristina Trejos, de Vivienda, con ¢11 millones cada una.
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Algunos debieron llegar a arreglos de pago con el gobierno para devolver, en cuotas, las sumas pagadas de más.
Si bien el pago de prohibición es inherente al cargo de ministro o viceministro, pues quienes ejercen ese cargo no pueden renunciar a él, el mismo solo puede ser cobrado por quienes poseen un título universitario para ejercer una profesión liberal.
Y además, la persona debe estar incorporada al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión, según un criterio de la Procuraduría General de la República.
En el caso de los ocho jerarcas del gobierno de Solís, ninguno estaba incorporado a sus colegios respectivos.
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