Un proyecto de ley que obligaría a todas las instituciones del Estado a realizar sus compras, mediante un sistema digital único, generaría un ahorro de ¢544.000 millones al año, lo que equivale al 1,5% del producto interno bruto (PIB).
Así lo expusieron la contralora general, Marta Acosta, y la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado.
El proyecto de ley avanzó este lunes en la corriente legislativa, cuando los diputados evacuaron 127 mociones de fondo en la comisión especial de Contratación Administrativa.
La iniciativa de la diputada Delgado obligaría a todo aparato público a centralizar, en una sola plataforma digital, sus compras de bienes y servicios, así como la contratación de obras.
El plan abarcaría toda actividad contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos, por lo que aplica para todas las instituciones, salvo algunas exclusiones como empréstitos públicos y convenios con otros países regidos por normas internacionales.
De acuerdo con la contralora general, estimaciones hechas por su institución indican que, si todo el Estado realizara sus adquisiciones por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el país obtendría un gran ahorro a través de la simplificación de trámites y la reducción de plazos.
“Esa cifra es muy alta”, dijo Acosta sobre el ahorro equivalente a un 1,5% del PIB en el programa Nuestra Voz, de radio Monumental, el 5 de octubre.
Delgado, por su parte, explicó que cuando se mantienen en un régimen único las compras públicas, se generan economías de escala que permiten mejoría de precios de entre un 20% y 40% del valor.
“Una misma plataforma contempla la posibilidad de abrir la adquisición a un abanico de oferentes. Eso aumenta la competencia entre los mismos oferentes y hace que el precio se maximice”, agregó.
LEA MÁS: Ley regulará compras públicas bajo un sistema digital unificado
Delgado añadió que el sistema digital unificado podría ser el propio Sicop del Ministerio de Hacienda u otra plataforma que desee implementar la Dirección de Contratación Pública.
La legisladora insistió que su iniciativa “es una reforma al Estado que busca no solo eficiencia, sino transparencia en el manejo de los recursos públicos que van a la adquisición de los bienes, obras y servicios por parte de la totalidad de las instituciones públicas”.
El proyecto de ley incluye a entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y empresas públicas en competencia.
Según explicó la contralora general en el programa de radio, el Sicop se creó con el espíritu de hacer un sistema único de compras en el Estado. Sin embargo, hay instituciones que han tenido “problemas y resistencia” para integrarse a ese sistema.
Algunas entidades tienen sus propias normas o regímenes que impiden acudir a esa plataforma.
Al mes de diciembre de 2018, un 64% de las entidades del sector público realizaba adquisiciones mediante Sicop, un 6% se encontraba en proceso de implementación y un 30% estaba fuera.
Como ejemplo de distorsión que hoy existe, Acosta citó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde hay 100 unidades de compra.
Ese modelo fue criticado por el exministro de Hacienda del actual Gobierno, Rodrigo Cháves, durante una entrevista con La Nación, en setiembre pasado.
Chaves aseveró que, por la compra de equipo de cirugía de corazón, puede haber una diferencia de precio de entre 30% y el 40% entre el Hospital México y el San Juan de Dios.
“La Caja no hace licitaciones en conjunto, hace licitaciones hospital por hospital. Imagínese qué barbaridad, de 40% más, porque un hospital hizo la licitación menos eficientemente que el otro. La Caja no es un modelo sostenible”, señaló el extitular de Hacienda.
Avanza trámite
Este lunes, la iniciativa avanzó en su segundo día de revisión en la comisión especial de Contratación Administrativa del Congreso. Los diputados de ese foro aprobaron 12 mociones de fondo y rechazaron 115.
De las aprobadas, estas ajustan palabras, frases o artículos que habían quedado como indeterminados durante el dictamen.
Entre las rechazadas, están algunas presentadas por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que buscaban flexibilizar la aplicación de la ley en empresas públicas en competencia como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Paola Vega, legisladora del PAC, aseveró que instituciones como el ICE podrían quedar en desventaja ante sus competidores por los controles de transparencia que el proyecto exige; aseveró que obligarán al Instituto a mostrar información confidencial sobre sus inversiones.
Sin embargo, Allan Ugalde, funcionario de la Contraloría, aclaró que la iniciativa lo que procura es crear un sistema unificado de compras al que todas las entidades en competencia tendrán que aproximarse a través de la planificación.
“No significa que la información que vaya regular ministerios infringe condiciones de negocio, de confidencialidad; qué se incluye o no tiene regulación legal”, aclaró.
Al texto aún le queda la revisión de la votación de mociones y la elaboración de una acta para que, luego, pase al plenario legislativa, donde los proponentes podrán reiterar mociones antes del primer debate.