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Los representantes de la Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirmaron, ante los diputados, que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas conlleva las siguientes consecuencias y falencias:
-Dobles imposiciones en materia de impuesto de renta
-Un encarecimiento de los créditos
-Inseguridad jurídica para los productores
-Ausencia de cambios de peso para frenar el ritmo de crecimiento del gasto público
Así lo afirmaron ante la comisión especial creada para discutir y dictaminar el proyecto mediante un procedimiento expedito, a fin de ayudar a paliar el déficit en las finanzas del Gobierno.
El proyecto, que es apoyado tanto por Fabricio Alvarado como por Carlos Alvarado, candidatos presidenciales, tiene como meta impactar el déficit fiscal en un 1,9% del producto interno bruto (PIB) anualmente. Eso equivale a unos ¢660.000 millones al año, mientras que el déficit alcanzó el diciembre pasado un 6,2% del PIB, más de ¢2 billones.
No obstante, Franco Pacheco, presidente del Consejo Directivo de la Uccaep, afirmó que el proyecto y la idea de tramitarlo por la vía rápida son un "desastre"; un plan con incongruencias.
"No es una solución. Es una medida paliativa que, más bien, podría quitarle el sentido de urgencia a la solución al problema fiscal", afirmó el presidente de Uccaep, antes de denunciar que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a todas las observaciones que planteó la organización patronal en materia fiscal.
Pacheco dijo que los empresarios consideran que ya es hora de que el Estado empiece a premiar a los empleados públicos que son excelentes y que deje de permitir la mediocridad al pagarles al 99% de sus asalariados el plus de la anualidad, que premia el desempeño.
"Ahí es donde se desmotiva a los buenos trabajadores", afirmó el empresario, quien pidió a los diputados rescatar iniciativas para eliminar duplicidades entre instituciones, unificar los regímenes salariales en uno solo y limitar el gasto en beneficios salariales.
Por su parte, el abogado tributarista Juan Carlos Chavarría, asesor de la Uccaep en la materia, alertó a los diputados sobre aquellos puntos que la organización ve riesgosos en el proyecto de ley.
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En materia de reforma al impuesto sobre las ventas para convertirlo en el impuesto al valor agregado (IVA), el experto recomendó a los diputados trabajar en los siguientes cambios.
-Incluir en el proyecto de ley un artículo 21 bis para que las cartas autorizadas tengan rango de ley, a fin de darles seguridad jurídica a los productores para que puedan hacer sus compras de insumos, así como pagos y servicios y demás, sin que tengan que pagar ese impuesto.
Actualmente, las cartas autorizadas están reguladas por el reglamento del impuesto sobre las ventas, pero el temor del experto radica en que, al aprobarse el plan fiscal, ese reglamento dejará de tener efecto, por lo que se generaría un vacío que provocaría incertidumbre jurídica entre los productores.
-No gravar con el IVA los servicios financieros, intereses de préstamos y comisiones. Según Chavarría, aplicar el nuevo impuesto a estos servicios encarecería el financiamiento para todos los sectores, por lo que pidió una exención general a cualquier tipo de financiamiento, y no solo para las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
-De igual forma, Uccaep pidió a los legisladores que incluyan entre las exoneraciones los financiamientos entre compañías, ya sea internos o desde el exterior.
Los empresarios también pusieron sobre la mesa observaciones sobre el título del proyecto que reforma el impuesto sobre la renta.
En este ámbito Chavarría recomendó los siguientes cambios:
-Plantear una reforma integral que sustituya un título actual hecho "a pedacitos" que provoca incongruencias.
-Aclarar si las ganancias de capital tributarán sobre una tarifa del 15% o la de un 30% que se conservó en el Título primero del proyecto de ley.
-Incluir la amortización de pérdidas no limitadas a la industria y al sector agrícola, así como la amortización de intangibles y los incentivos fiscales para la investigación y desarrollo.
-Que el proyecto se delimite a regular las ganancias y pérdidas de capital con cambios sobre la base imponible sobre dividendos.
-Corregir la posibilidad de que se aplique una renta mundial "por debajo" al meter en la base imponible rentas no sujetas que incluyen ingresos generados en el exterior, lo cual va contra el principio territorial de la renta costarricense.
-Corregir la base imponible en ventas de acciones.
-Afinar la norma para mejorar la manera en que se estimaría la diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición, pues el proyecto no toma en cuenta todas las inversiones posteriores que el empresario ha hecho sobre la inversión que hizo en una compañía, por lo que piden que se haga con base en el costo histórico, que es un término contable que incluye todas esas mejoras y aportes adicionales.
-Finalmente, Uccaep pidió que el artículo transitorio se reforme para permitir ajustes de valor sobre bienes intangibles que se pueden vender, como acciones y marcas, lo cual no está cubierto, pues el artículo limita esa posibilidad a los bienes inmuebles.
Manifestaciones de los candidatos
El lunes en la noche, en el debate organizado por Diario Extra, ambos candidatos presidenciales se refirieron a este proyecto de ley.
Fabricio Alvarado dijo ser más proclive a dejar el plan tal como está, mientras que Carlos Alvarado se decantó por hacerle cambios.
“Después de la aprobación de la vía rápida, ya están saliendo algunas posiciones que indican que podría no darse el acuerdo. Yo lo dejaría tal como está", dijo Fabricio Alvarado.
“Empezaríamos nuestro gobierno promoviendo las discusiones en materia de renta y en materia de la reforma constitucional para la regla fiscal y en materia de empleo público, porque estoy claro en que a los tres temas hay que entrarles”, añadió el aspirante de Restauración.
Carlos Alvarado, en tanto, dijo que quisiera incorporar reformas al impuesto sobre la renta, para buscar mayor progresividad, porque el Poder Ejecutivo dejó de lado esa posibilidad en el texto actual.
“Yo abogaría por que ese impuesto llegue a poco más del 4% de la población, la de mayor ingreso, sobre todo en salarios y que sea más solidario el sistema de recaudación”, explicó el del PAC.
Agregó que se debería entrar a revisar el régimen de empleo del Servicio Civil, para que sea más equitativo y tratar de minimizar las diferencias entre empleados públicos que realizan prácticamente las mismas labores, cuando “unos ganan mucho y otros ganan poco por hacer lo mismo”. Indicó que esperaría tener empleados públicos más eficientes.
Los diputados de la comisión especial de plan fiscal continuarán por ahora recibiendo en audiencia a los representantes de varios sectores afectados por la reforma, posteriormente, continuarán con la discusión de las mociones que fueron presentadas para modificar la iniciativa.
