Esteban Oviedo. 4 junio, 2019
Enrique Sánchez, diputado del PAC. / Fotografía: John Durán
Enrique Sánchez, diputado del PAC. / Fotografía: John Durán

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) efectuará una valoración jurídica de los cobros que el PAC le hizo al Estado, tras las campañas electorales del 2010 y del 2014, por los servicios del actual diputado de ese partido, Enrique Sánchez.

Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, explicó que la investigación se inició el viernes ante informaciones publicadas en medios de comunicación.

En aquellas campañas, el hoy legislador cobró servicios profesionales al Partido Acción Ciudadana (PAC),

Para la del 2010, firmó el contrato con el PAC como “lic en periodismo”, a pesar de carecer de título universitario. El objeto del acuerdo era la “redacción de noticias, comunicados de prensa, organización de eventos, actualización y mantenimiento de información de la página web y otros atinentes a su profesión”.

Primera página del contrato entre el PAC y Enrique Sánchez para las elecciones del 2010.
Primera página del contrato entre el PAC y Enrique Sánchez para las elecciones del 2010.

En esa campaña, cobró cerca de ¢10 millones, informó el TSE.

Para las elecciones del 2014, firmó como periodista y sus servicios consistía en “apoyo a la campaña electoral en las áreas de organización territorial, comunicación organizacional y acompañamiento a las candidaturas a diputaciones”. En esta ocasión, facturó unos ¢4 millones.

Ronald Chacón informó de que se verificarán las condiciones profesionales del proveedor y se realizarán ciertas diligencias, con el objetivo de verificar si se transgredió alguna normativa.

En febrero del 2017, siendo directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Enrique Sánchez también aparece como licenciado en un acta de la Junta Directiva.

Por su parte, el legislador le envió una carta al TSE en la que alega que la abreviatura Lic, que aparece en el contrato del 2010, obedece a un "error material donde no concurren el dolo ni la mala fe, ni se busca el engaño de alguna de las partes firmantes ni campoco del TSE".

"No oculté información alguna a PAC acerca de mis atestados, ni antes de firmar el contrato, ni durante su ejecución. Nunca he ocultado que no ostento un título universitario. He reconocido mi equivocación de no haber sido más meticuloso al revisar dichos documentos y corregir ese error".

Añadió que el "error material" no implicó ningún beneficio en su favor, pues la contratación no tenía como requisito tener un grado académico particular ni tampoco una colegiatura.

“Mi experiencia como periodista, ampliamente demostrada por más de 20 años en diversos medios y organizaciones, fue relevante para optar por mis servicios en la materia”, continuó.

Agregó que el ejercicio del periodismo fue liberado de la necesidad de un título o de una colegiatura desde 1985, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esos requisitos era una “restricción no justificada a la libertad de pensamiento y expresión como derecho que corresponde a todo ser humano”.