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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desmintió que Felly Salas, exjefa de despacho del presidente Carlos Alvarado, le haya pedido a esta institución información que es exclusiva para la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El TSE aclaró la situación luego de que el medio digital CRHoy publicara, este viernes 6 de marzo, que Salas solicitó acceso al registro de huellas dactilares de los ciudadanos para la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Lo cierto es que, el 23 de enero del 2019, la entonces jefa del despacho presidencial le envió una carta a la Secretaría General del TSE para solicitar acceso a bases de datos que son públicas.
En específico, requirió la base de la información de las personas que está disponible en el sistema público de consultas civiles, como “nombre y cédula del padre y la madre, matrimonios e hijos registrados”.
Argumentó “que el objetivo era diseñar una herramienta que permita componer los círculos familiares y contrastarlos con los beneficios sociales y económicos que otorga el Estado a través de varias instituciones”. Incluso, solicitó que la información fuese suministrada en formatos de datos CSV o XLSX.
Gustavo Román, vocero del TSE, afirmó después de la publicación de CRHoy: “La jefa de despacho de Casa Presidencial no solicitó información confidencial al TSE. No lo hizo del todo ni, como lo dice la nota (de CRHoy), utilizando como respaldo el Convenio para la Utilización de la Plataforma de Servicios Institucional (PSI) para el Sector Público, entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de la Presidencia".
Román explicó que ese convenio, que data de febrero del 2016, tiene por objetivo autorizar que la DIS “pueda consultar puntualmente datos personales de acceso irrestricto (públicos), así como aquellos de acceso restringido (privados) contenidos en la base de datos que lleva el Registro Civil”, amparado en artículos de la Ley General de Policía.
Según el funcionario del TSE, lo que la jefa del despacho presidencial citó en su carta, “innecesariamente”, fue otro convenio firmado entre el Tribunal de Elecciones y la Presidencia en noviembre del 2018.
Se trata del Convenio Marco entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones para Promover las Soluciones de Identidad Nacional
Román explicó que el objetivo de ese acuerdo es poner a disposición del Poder Ejecutivo los sistemas de información biométricos con que cuenta el TSE, los cuales permiten “garantizar un adecuado proceso de determinación de la identidad ciudadana en los servicios que ofrecen las instituciones”.
“Este es un servicio que el TSE, con autorización legal, vende a instituciones privadas y a particulares, y que ofrece gratuitamente, mediante convenio, a las instituciones públicas. No supone la entrega de información (huellas dactilares), sino solo la verificación por cotejo contra nuestro repositorio de huellas, de la identidad de las personas”, añadió el vocero del Tribunal.
De hecho, en ese convenio, el Poder Ejecutivo se comprometió a promover entre la Administración Pública el uso de las tecnologías biométricas del TSE en aras de evitar que otras instituciones inviertan en estos sistemas, a fin de contener el gasto público y evitar duplicidades.
Gustavo Román explicó que, en el caso de la carta de Felly Salas, invocar ese convenio era innecesario porque toda la información solicitada por Casa Presidencial era de naturaleza pública.
También, negó haber conversado con ella, haberle rechazado la solicitud de información o haberle explicado lo innecesario que era invocar el convenio del 2018.
Patricia Chacón Jiménez, jefa del departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del TSE, se encargó de contestarle a la jefa del despacho presidencial enviándole la información pública e indicándole la manera de descargar las actualizaciones semanales de la base que hace el TSE en su página web.
La carta de Felly Salas indicaba que las personas autorizadas para recibir y procesar la información era el exencargado de la oficina de análisis de datos de Presidencia, Diego Fernández, y el analista Alejandro Madrigal Rivas.
Los analistas tomaron relevancia pública después de que, el 17 de febrero, el gobierno emitió un decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual pretendía darle a esa oficina acceso a información confidencial en manos de las instituciones públicas.
El decreto fue derogado el 21 de febrero.
Debido a esto, se conformó una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General allanó la Presidencia de la República, el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas de funcionarios presidenciales, en busca de determinar si accedieron o no a datos confidenciales.
Tanto Salas como Fernández renunciaron esta semana.
La semana pasada, la Defensoría de los Habitantes también dijo, erróneamente, que el TSE había firmado un convenio de suministro de información para los analistas de datos de Casa Presidencial.
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