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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que maneja información de ciudadanos, desmintió que tuviera un convenio para facilitar datos a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), tal y como lo informó la Defensoría de los Habitantes.
“Hay convenios con Casa Presidencial, tenemos convenios con un montón de instituciones, pero lo que no tenemos es un convenio relacionado con la UPAD para ofrecerle ningún tipo de información”, advirtió Gustavo Román, vocero del TSE.
De esta forma el TSE respondió a lo dicho por Hazel Díaz, directora del área Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes, quien declaró el viernes que el Tribunal era una de las tres instituciones que poseían convenios con la UPAD.
Las Defensoría lo afirmó al informar de los resultados de la investigación que hizo en Casa Presidencial sobre el caso de la UPAD.
¿Por qué ese error de la Defensoría? La oficina de prensa de esa entidad alega que pudo surgir de una solicitud de información que realizó al TSE Felly Salas, directora del despacho del presidente de la República. Esa gestión se dio el 23 de enero del 2019.
Asimismo, el vocero explicó que en la petición de Felly Salas se indica que solicita los datos bajo el amparo del convenio entre el Poder Ejecutivo y el TSE para promover las soluciones de identidad nacional.
Esto pudo llevar a la Defensoría a concluir que existe un convenio entre el Tribunal y la UPAD, manifestó la oficina de prensa.
No obstante, el TSE afirma que dicho convenio no tiene ninguna relación con la información que solicitó la directora del despacho del mandatario.
“La señora Felly Salas requirió información absolutamente pública, pero en el escrito menciona este convenio que no tiene que ver con eso. Dicho convenio es para prestar servicios de identificación de la identidad mediante un repositorio de huellas dactilares de los costarricenses”, detalló el vocero del TSE.
La Nación tuvo acceso a una copia de carta emitida por el despacho de Carlos Alvarado, donde se constató que no existe relación entre los datos requeridos y el convenio mencionado en el texto.
La respuesta fue entregada el 6 de febrero del 2019 y contenía archivos de nacimientos, matrimonios y defunciones, datos públicos que se pueden descargar del sitio web del TSE.
En el documento que envió Casa Presidencial al TSE señala a los asesores Diego Fernández y Alejandro Madrigal como encargados recibir la información, por lo cual el Tribunal interpreta que era para ser utilizada en la UPAD.
El viernes, también, la Defensoría indicó que la UPAD tuvo acceso a información “sensible” del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), pues cree que allí se manejan datos sobre la condición de salud de los ciudadanos.
Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS, calificó de “irresponsable” y “temeraria” la información dada por la defensora de los habitantes, Catalina Crespo.
“Ni el IMAS ni Sinirube tienen acceso a la información vinculada con el estado de salud de las personas, por lo que tal afirmación de la Defensoría de los Habitantes es imprudente porque genera zozobra, incertidumbre y malestar en la población, sin fundamento alguno, y pone en riesgo la confianza en la institucionalidad del Estado Social de Derecho y sus herramientas más valiosas”, declaró Bermúdez.
Una investigación del MInisterio Pública determinará si la UPAD tuvo acceso a datos confidenciales de los ciudadanos.
Este viernes, la Fiscalía, junto a los cinco magistrados de la Sala III (penal) allanaron la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro viviendas.
